Bombas lacrimógenas y confusión frente a Corte

Con el lanzamiento de dos bombas lacrimógenas, la Policía dispersó ayer a dos grupos de manifestantes, tanto oficialistas como opositores al alcalde de Chulucanas, que se habían ubicado en la plazuela Tres Culturas, frente a la sede de la Corte de Justicia de Piura.

En tanto esto ocurría, el burgomaestre José Ramón Montenegro Castillo comparecía ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones, que escuchó los alegatos de su abogado defensor, y fijó para el 9 de diciembre la lectura de la sentencia en el proceso que se le sigue a él y a dos funcionarios por delito de omisión de funciones.

LAS BOMBAS. Los hechos se suscitaron alrededor de las 11:30 de la mañana, cuando los grupos protagonizaban bulliciosas manifestaciones, que incluían arengas y calificativos, en favor y en contra del reelecto alcalde y de su actual gestión.

Entre las dos facciones, los manifestantes sumaban más de cien personas.

Y uno de los simpatizantes del alcalde de Chulucanas mostraba un cártel con el mensaje “A los justos no se les condena, a los jueces no se les presiona”.

En tanto, el bando contrario pedía la intervención de Contraloría General de la República por supuestas sobrevaloraciones en las obras.

De pronto, los opositores a Montenegro Castillo se replegaron hacia el monumento de Francisco Pizarro, en tanto los oficialistas, que en su mayoría serían trabajadores de la municipalidad de Chulucanas, quedaron en la plazuela, frente a la Corte de Justicia.

Entonces, en medio de los enfrentamientos verbales, matizados con ademanes obscenos, se produjo la llegada de mayor personal policial, cuyo jefe instó a los dos grupos a retirarse del lugar.

Pero, en vista de que sus exhortaciones no eran acogidas, procedieron a lanzar las bombas lacrimógenas, que originaron confusión y desesperación entre los manifestantes que solo atinaban a correr.

Pero, quienes más sufrieron las consecuencias fueron los vendedores ambulantes, que se ubican en la plazuela Tres Culturas, cuyos productos terminaron por los suelos.

Así la situación, los agentes policiales hicieron retroceder, incluso a varazos a los manifestantes oficialistas, que pese a todo ofrecían resistencia, hasta la intersección de la calle Libertad y jirón Ayacucho, en las inmediaciones de la Plaza de Armas, donde la Policía cerró la vía.

Y a los manifestantes de oposición los obligaron a retirarse hacia el otro extremo de la plazuela, que colinda con el jirón Moquegua.

Varios de los afectados sufrieron algunas excoriaciones en el forcejeo con los agentes del orden.

LA AUDIENCIA. Entre tanto, en el cuarto piso de la Corte de Justicia, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Piura, integrada por los jueces superiores Marco Antonio Guerrero Castillo, Juan Carlos Checkley Soria y Ubaldina Rojas Salazar, llevaba adelante la audiencia con asistencia de Montenegro Castillo.

Los magistrados escucharon los fundamentos de la defensa técnica de José Montenegro Castillo, Néstor Miguel Benites y Marco Chirinos Lozada.

Éstos apelaron la sentencia de primera instancia, que los condena a un año de pena privativa de su libertad, suspendida en su ejecución por un periodo de prueba de dos años, por delito de omisión de funciones en agravio de la municipalidad de Chulucanas.

También dispone el pago solidario de 10 mil soles y los inhabilita para desarrollar una función pública por el periodo de un año.

Benites Carrasco es gerente municipal y Chirinos Lozada es director de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la municipalidad de Chulucanas.

En la audiencia de ayer, se esgrimió que en los servicios de mantenimientos de puentes no es aplicable la Ley de Contrataciones del Estado, es decir no es necesaria una licitación pública, como en el caso de una obra.

Al final, la Sala Penal fijó para el próximo 9 de diciembre la lectura de la sentencia en este proceso que se le sigue al reelecto alcalde de la provincia de Morropón - Chulucanas y otros.

Las incidencias de esta audiencia también fueron seguidas, mediante el sistema de video conferencia, en el primero piso de la sede judicial, en vista que el ambiente de la Sala de Apelaciones estaba totalmente copado por los asistentes.

Como se recuerda, la sentencia de primera instancia fue emitida por el juez Laurence Chunga, del Juzgado Unipersonal de Chulucanas, en agosto del 2014.

En dicha resolución se le atribuyó responsabilidad al alcalde y a sus funcionarios de contratar los servicios de mantenimiento de puentes de dicha localidad por 19 mil soles.

Pero, sin realizar el proceso de licitación ni contar con el debido perfil técnico en enero de 2011.

Este documento recién se elaboró y aprobó en el mes de marzo del mismo año.