Contraloría detecta que el gobierno regional favoreció a Viviana E.I.R.L

La Contraloría General de la República detectó irregularidades durante el proceso de contratación a la empresa Viviana E.I.R.L, firma que ejecutó trabajos de prevención en el 2015-2016 por el Fenómeno de El Niño, en Piura.

¿CÓMO LO HIZO?. En el 2015, el gobierno central destinó S/191’470,000 a la región para actividades de prevención ante el FEN.

Dicho presupuesto fue distribuido entre el Gobierno Regional de Piura (S/47’901,856), Ministerio de Agricultura (S/89’087,518), a través del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), y otros ministerios (S/54’480,000).

Por su parte, el Gobierno Regional de Piura designó S/24’447,000 de sus recursos para trabajos de limpieza de drenes, y otras actividades.

Dichos presupuestos sirvieron para que el PSI (24) y el gobierno regional (16) firmaran 40 contratos con la empresa Viviana E.I.R.L. Todas mediante exoneraciones; es decir, sin realizar concurso público por la situación de emergencia ante el FEN.

CASO GRP. La Contraloría ha detectado que el Gobierno Regional de Piura y sus unidades ejecutoras Proyecto Especial Chira Piura (Pechp), y Gerencias Subregionales Morropón Huancabamba, y Luciano Castillo Colonna, han realizado exoneraciones indebidas para favorecer a la empresa, causando un perjuicio económico total de S/6’556,436.

“No se permitió la concurrencia, pluralidad y participación de postores. Las acciones ejecutadas no se realizaron con la inmediatez que el caso ameritaba”, señala el informe de auditoría N°050-2016.

Uno de los contratos observados es el de “Descolmatación del río Yapatera, Morropón- Chulucanas”, en donde se ha evidenciado que los funcionarios del Pechp consignaron en los términos de referencia los precios de la maquinaria pesada sin IGV, las cuales posteriormente resultaron elevados. También consideraron gastos generales por un mes, cuando el plazo de ejecución del servicio era por 15 días. Asimismo favorecieron a la contratista otorgando la ejecución de la actividad de Yapatera sin considerar los requisitos establecidos.

“Al haber incrementado el valor de alquiler de la maquinaria pesada, ha ocasionado un perjuicio económico de S/468,018, por la actuación consciente y voluntaria de los funcionarios y servidores del Pechp, quienes al elaborar y aprobar los términos de referencia del servicio tomaron los precios más elevados de la maquinaria pesada ”, señala el documento.

Asimismo, los funcionarios del Pechp adjudicaron el “Encauzamiento del río Piura, tramo laguna Ramón - La Niña, sector Chutuque”, actividad que resultó innecesaria porque ya había sido ejecutada por el PSI. Ello causó un perjuicio económico de S/5’891,744. “Se ha realizado por la actuación consciente y voluntaria de los funcionarios del Pechp, quienes elaboraron deficientemente los términos de referencia como un servicio, cuando se trataba de una obra, sobrevalorando el precio de la maquinaria pesada”, agrega.

Cabe señalar que el gobernador regional nombró a Carlo Bertini como presidente del Consejo Directivo del Pechp en el 2015.

Por otro lado, los funcionarios de la Gerencia Sub Regional Morropón- Huancabamba pactaron la no ejecución de partidas al 100% de la obra “Descolmatación y encauzamiento del río Charanal”, situación que ha ocasionado un perjuicio económico de S/154,876.

Del mismo modo, dichos funcionarios adjudicaron la actividad al contratista cuando su propuesta económica no cumplía con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en las bases. Esta situación causó un perjuicio económico de S/41,798.

La Contraloría solicitó iniciar el procedimiento sancionador e iniciar las acciones legales correspondientes a través de la Procuraduría Pública. La auditoría realizada corresponde al periodo 01 de octubre 2015 al 15 de febrero de 2016; sin embargo, el gobierno regional ha firmado más contratos con Viviana EI.R.L.

Mientras se revela esto, el gobernador Reynaldo Hilbck insiste en mantener a Carlo Bertini en los cuatro puestos que tiene.

CASO PSI. Las obras ejecutadas por el PSI fueron paralelas a las del gobierno regional. No obstante, fueron adjudicadas a la misma empresa.

Al respecto, el ministro de Agricultura, José Hernández, informó que han solicitado la intervención de la Contraloría para indagar sobre los procesos de contratación que realizó el PSI. “Esas obras han sido del gobierno anterior. La contraloría nos dará la información y se hará lo que procesa tanto administrativa como legalmente”.

Hernández agregó que los trabajos de prevención que ejecutará el gobierno central se realizará bajo la supervisión de una comisión anticorrupción. “Todo proceso de rehabilitación, la entrega del bono y otros, también se realizará con la participación de la junta de regantes y junta de usuarios, además de equipos de veedores para el proceso de reconstrucción”, mencionó.