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Los pobladores de los balnearios de Piura marchan contra las demoliciones (FOTOS)

Ellos aseguran que defenderán sus propiedades y alegan que tienen posesión por décadas. Consideran que la ley es abusiva

21 de Septiembre del 2016 - 10:14 » Textos: José Martínez » Fotos: Nilo Vilela

Con pancartas, carteles y banderas del Perú y de sus localidades unos 700 moradores y empresarios de Máncora, Colán, La Islilla y Yacila marcharon ayer en la ciudad de Piura para pedir la adecuación de la Ley de playas y que la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) deje atrás la pretensión de desalojarlos.

Raúl Flores Odar, representante de los afectados del balneario de Máncora, en la región Piura, dijo que entre 300 y 350 predios han sido notificados y les advierten de un próximo desalojo y demolición de sus construcciones.

“Si bien no se consignan plazos, se ha creado un caos social, la gente está desesperada, porque se trata de pequeños emprendedores”, dijo Flores Odar, desde la ciudad de Piura. Alegó que tienen posesión por 20 años y aún así quieren atropellar sus derechos.

El alcalde de La Islilla, José Alvarez, dijo que tienen viviendas desde hace 231 años, con la creación del centro poblado. 

“Mayormente las construcciones antiguas son las que ahora han sido notificadas. Nosotros hemos presentado la documentación a Lima en varias oportunidades, porque vemos que ya en Máncora (región Piura) la SBN está ejecutando las demoliciones”, indicó el mencionado burgomaestre.

Alvarez indicó que en La Islilla son 70 predios afectados, que suman alrededor de 800 personas, porque en cada casa habitan de 3 a 4 familias.

El ciudadano Miguel Alarcón expresó que se verán afectados 3 mil 080 kilómetros de litoral. “Están comenzando por el norte, porque son zonas turísticas consolidadas por la inversión privada, por la inversión de peruanos de todo nivel, desde peruanos pobres hasta los que han invertido en un hotel”, enfatizó Alarcón desde la ciudad de Piura.

Refirió que “esto no se llama formalización; la formalización debió hacerse antes, con reglas claras”. “La ley tiene que ser afinada, la expidió el Congreso en 1996, la reglamentó nueve años después, para que vean la irresponsabilidad”, finalizó.


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