Pedirá la destitución de los jueces denunciados

Los representantes de la Corte Superior de Justicia en Sullana están inmersos en la denuncia por la adjudicación de lotes de terrenos subvaluados y/o donados de manera directa por la Municipalidad Distrital de Miguel Checa, sin sacar a subasta este tipo de propiedades.

El caso dispara las alarmas sobre un supuesto tráfico de tierras que salpica a varios funcionarios judiciales y municipales.

La situación se complica para los implicados en este caso, ante un eventual pedido de destitución planteado por el abogado y denunciante Félix Silva Coloma.

“Como abogado independiente voy a solicitar la destitución de los jueces denunciados como medida cautelar”, indicó el letrado.

La solicitud será presentada ante el Órgano de Control de la Magistratura en Lima (OCMA), por intermedio del abogado Javier Barrón, como representante de todos los abogados del Perú ante la OCMA, explicó Silva Coloma.

NÓMINA. Asimismo, se conoció que la relación de jueces favorecidos mediante la adquisición de lotes para vivienda es vasta.

Por ese motivo, el abogado Silva Coloma amplió su denuncia contra los magistrados Luciano Castillo Gutiérrez y Paola Gallo para que sean considerados en la investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana.

También, deberán ser incluidos los funcionarios responsables de haber emitido los informes favorables para la titulación de los lotes en beneficio de los trabajadores del Poder Judicial, avalando una supuesta habilitación urbano informal. Según la cual, corresponde formalizar las propiedades de los adjudicatarios por estar en posesión de los predios sin tener el titulo de propiedad.

A ese argumento apelan los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Miguel Checa para justificar la formalización que deviene, al parecer, de una posesión falsa, irreal e ilegal, tal como lo explicó el abogado Luis Garnique Ortiz. “La posesión se acredita, las declaraciones son falsas y eso es un delito contra la administración pública”, denunció.

JUSTIFICACIÓN. Según Benjamín Nieto, jefe de Catastro de Miguel Checa,“hemos otorgado un derecho de propiedad por posesión al sindicato para el uso de su local institucional u otros usos. Cuando nosotros hemos ido a inspeccionar para titularlos ellos han tenido que firmar tres declaraciones juradas. Si ellos abandonaron el lote ese no es nuestro problema”.

Como se sabe, en el lugar no existe siquiera ranchos para vivienda, sino que es un terreno baldío encerrado con alambres de púas para espantar las invasiones.

Ademas, según la Ley de Formalizalización de Habilitaciones Urbanas, solo se enmarcan en esta norma las posesiones acreditadas antes del 31 de diciembre del año 2004.

De eso tienen pleno conocimiento los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Miguel Checa que, basándose en la Ley de Bienes Nacionales, formalizaron propiedades irregulares, siendo pasibles de ser denunciados.

Y es que en Miguel Checa, primero entregaron los terreno y luego simularon una posesión.

ATENCIÓN. Bajo esa óptica, los jueces por su investidura no están exentos de ser investigados por la Fiscalía de Sullana, más aún cuando la jueza Paola Gallo -una de las supuestas favorecidas con un lote de mil metros cuadrados- nunca se apartó del caso contra el alcalde de Miguel Checa, Pedro Zapata Sócola, con respecto a la acción de amparo alcanzada por un grupo de militares para dejar sin efecto la resolución que les niega la posesión de un terreno en Jíbito.

ENFÁTICO. Está claro que con la adjudicación de terrenos a favor de los magistrados y los trabajadores de la corte sullanense, el alcalde y sus funcionarios pretenden ser intocables ante los aparatos de justicia o burlar las sentencias en los casos donde el burgomaestre es investigado, expresó Silva Coloma.

“El entuerto entre alcalde, jueces y el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de Sullana es denunciado por los abogados libres de esta ciudad, que miran con asombro cómo los magistrados se han apropiado de los bienes del Estado usando mañas cuando ellos deberían velar por la Ley”, acotó el abogado denunciante.