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Piura: Conflictos sin diálogo pueden desencadenar la violencia

La Defensoría del Pueblo reporta en Piura 13 conflictos sociales, siendo el de Río Blanco el más complicado. Critican al Gobierno porque no estaría manejando bien el tema y demandan el diálogo para evitar que degeneren

Piura: Conflictos sin diálogo pueden desencadenar la violencia

Piura: Conflictos sin diálogo pueden desencadenar la violencia

25 de Noviembre del 2016 - 11:17 » Textos: José Chapa » Fotos: Correo

El anuncio de la firma del convenio entre el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, con el consorcio chino Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation, para seguir adelante con el proyecto Río Blanco, revivió también el más recordado de los conflictos sociales en la historia de la región Piura.

Algunos personajes consultados por Correo coinciden en que el Ejecutivo ha debido primero tender puentes de diálogo con las comunidades de Ayabaca y Huancabamba para exponer sus beneficios, y no prender la mecha generando ya un problema social que está generando la reacción de las comunidades.

CONFLICTOS SOCIALES. Según el último informe de la Defensoría del Pueblo, hasta octubre del presente año se reportaban 13 conflictos sociales, de los cuales seis son socioambientales, uno laboral y dos que involucran al Gobierno Regional y Nacional, respectivamente. Todos ellos activos, mientras que otros dos del Gobierno Regional y dos del Nacional permanecen en estado de latencia.

Sobre el proyecto Río Blanco, la Defensoría del Pueblo expone el caso como un “rechazo de la población de las comunidades campesinas Yanta, Segunda y Cajas a las actividades mineras que pretende desarrollar la Empresa Minera Río Blanco Copper S.A. en la zona, debido a la contaminación ambiental que podría generar en un ecosistema como el de los páramos y bosques de montaña, considerados frágiles y vulnerables, que requieren niveles de protección adecuados”.

Otro de los conflictos sociales que menciona el reporte es el de la minería ilegal e informal que se desarrolla en los distritos de Distritos Las Lomas, Tambogrande, Suyo y Paimas, provincia de Piura y Ayabaca que “que podría afectar negativamente al ambiente, salud de las personas, así como a las actividades agrícolas que se desarrollan en dichos distritos”.

MARICULTORES. Un tercer reporte de casos es sobre las asociaciones de maricultores y pescadores artesanales de Sechura, que rechazan las actividades de la empresa Savia Perú S.A. de exploración y explotación de petróleo en el lote Z-2B, y la ejecución del “Proyecto de Instalación y Operación de Tres Tuberías Submarinas entre la Plataforma SP1A y ES1 hasta Punta Lagunas”, que se ubica en el lote Z-6, argumentando la supuesta incompatibilidad con sus actividades de cultivo y extracción de productos hidrobiológicos.

AGRÍCOLAS. También menciona el caso de los pobladores del centro poblado Villa Viviate y del distrito de La Huaca, que demandan la intervención de las autoridades competentes para atender la problemática ocasionada por la presunta contaminación ambiental (aire y suelo) generada por las actividades de plantaciones de caña de azúcar para la obtención de etanol, desarrolladas por la empresa Agrícola del Chira S.A.

“Estas actividades afectarían de manera negativa la salud, las actividades industriales (empresas ladrilleras), la propiedad privada y pública (daños a la infraestructura de viviendas y cementerio) y a las actividades agrícolas (plantaciones de banano orgánico)”.

Similar es el caso de los pobladores del distrito de La Huaca, quienes exigen a la empresa Agroaurora S.A.C. “que no queme caña de azúcar debido a que contamina el ambiente y afecta la salud de las personas que viven en el distrito. Asimismo exige a las instituciones competentes supervise las actividades agrícolas que realiza la empresa”.

SECHURA. Otro reporte es sobre la comunidad campesina San Martín de Sechura, los pobladores y autoridades de los caseríos de Chutuque, Los Jardines Kilómetro 960, Nuevo Pozo Oscuro y Mala Vida, quienes expresan su rechazo a las actividades de exploración y explotación de salmueras que realizaría la empresa Americas Potash Perú S.A. alegando que la empresa no cuenta con autorización de la comunal para realizar sus actividades.

También expresan su temor a la presunta contaminación de las lagunas Ñapique, La Niña, El Peñal, San Ramón y el puquio (manantial) Hierba Blanca, que son reservas naturales de agua.

Asimismo, sugiere que existiría incompatibilidad entre las actividades mineras de la empresa y sus actividades ganaderas, agrícolas y de pesca. Finalmente, manifiestan preocupación por la construcción de diques de treinta kilómetros aproximadamente (con más de tres metros de alto) en

Algunos puntos de la ribera del río Piura, lo que estaría causando represamiento de las aguas que se podrían desbordar y destruir la infraestructura de riego y de los drenes.

Igualmente, menciona el caso de los pescadores de Sechura, Paita y Talara, quienes reclaman al Ministerio de la Producción la reclasificación de las tallas de los peces establecida en la Resolución Ministerial N.° 209-2001-PE

EN PIURA. La Defensoría también menciona el caso de los comerciantes ambulantes ubicados en las vías de acceso al Mercado Modelo de Piura, quienes rechazan la decisión municipal de desalojarlos. La reubicación se debe al alto riesgo en el que se encuentra el mercado y alrededores según Defensa Civil.

Igualmente a los pobladores de El Alto, quienes reclaman a Petrobras el cumplimiento de su compromiso de contratarlos para las obras que ejecute la empresa.

Según el informe de la Adjuntía para la prevención de conflictos sociales, solo hay diálogo en los casos de las tallas de pesca, en La Huaca y en Viviate. En los otros conflictos importantes, no.

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