Piura: Denuncian penalmente a beneficiados con terrenos
Piura: Denuncian penalmente a beneficiados con terrenos

La celebración por el Día del Juez en la ciudad de Sullana, se ha visto empañada por la denuncia penal contra altos magistrados y trabajadores del Poder Judicial, por la adjudicación irregular de predios para vivienda en el centro poblado de Jíbito, en el distrito de Miguel Checa, región

La denuncia también alcanza al titular de la entidad municipal, Pedro Zapata Sócola, por la comisión de varios supuestos delitos cometidos en el otorgamiento de extensas áreas de terreno a favor de los jueces y servidores judiciales.

La denuncia ha sido presentada en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Sullana, el día de ayer por Félix Javier Silva Coloma, en su condición de ciudadano y no como decano del Colegio de Abogados de Sullana, precisó.

EN LA MIRA. La lista de denunciados la encabeza el presidente de la Sala Penal de Apelaciones, Juan Luis Alegría Hidalgo, quien junto con la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Janeth Loayza Chávez, deberán responder por la propiedad de predios en el sector de Jíbito obtenidos, aparentemente, de manera irregular.

Asimismo, la denuncia es contra el alcalde de la Municipalidad Distrital de Miguel Checa, Pedro Zapata Sócola; y los que resulten responsables.

“Interpongo denuncia penal por el delito de negociación incompatible, tráfico de influencias, falsa declaración en procedimiento administrativo, fraude procesal, falsedad ideológica y peculado”, expresa el documento ingresado por mesa de partes del Ministerio Público.

IRREGULARIDADES. El caso se retrotrae al mes de julio de este año, cuando se tuvo conocimiento sobre la adjudicación de terrenos a favor del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, pagando la suma irrisoria de cuatro soles el metro cuadrado y/o donados.

Hasta ese momento, eran fuertes los rumores de jueces en la nómina de beneficiados con terrenos, pero la información necesitaba ser confirmada. Fue el presidente de la Sala Penal de Apelaciones quien afirmó lo que hasta ese momento era puro ruido.

“Los terrenos de Jíbito son una realidad para los jueces y trabajadores del Poder Judicial”, esbozó Alegría Hidalgo, durante el discurso de honor por el aniversario de la Corte Superior de Justicia de Sullana.

En efecto, tenía razón. Con partida registral 11076282, Juan Luis Alegría Hidalgo es propietario de un predio de 480 metros cuadrado en el sector “A” del centro poblado de Jíbito.

Su colega, Luciano Castillo Gutiérrez tiene dos terrenos. Según las partidas 11076346 y 11076368, sus predios son de 520 y 360 metros cuadrados. El segundo terreno fue conseguido en mérito a la adjudicación gratuita otorgada a su favor, por la comuna de Miguel Checa. El lote donado estaba valorizado en 11,520 soles, y fue otorgado cuando Castillo era presidente de la Corte Superior de Justicia en Sullana, en el año 2015.

El caso más escandaloso fue la secretaria general del sindicato de trabajadores judiciales, Janeth Loayza Chávez, quien es dueña de seis lotes de terreno en Jíbito, uno de los cuales le fue vendido por otro trabajador de la misma corte.

Así como ellos, son varios los servidores y jueces beneficiados con terrenos en el centro poblado de Jíbito, recurriendo a procedimientos que contravienen la norma.

Ya lo explicó el presidente de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados, Luis Garnique Ortiz, “los bienes del Estado son bienes públicos y están sujetos a la Ley de Bienes Nacionales, que señala la adjudicación de terrenos o bienes municipales bajo el sistema de subasta pública”.

FALSA POSESIÓN. En el caso de los terrenos judiciales se saltó este procedimiento. De acuerdo con la explicación esgrimida por el jefe de Catastro de la comuna distrital, Benjamín Nieto, se otorgó los títulos de propiedad a los del sindicato por un derecho de posesión ganado, para lo cual los interesados firmaron declaraciones juradas de posesión cuando ni siquiera son de la zona.

“Para que tengan derecho de posesión ganado deben haber estado en posesión antes de abril del 2006, y ninguno de ellos vive en Jíbito. La posesión se acredita, las declaraciones son falsas y eso es un delito contra la administración pública”, explicó el abogado.

Blindaje fiscal. De esta manera, ahora el Ministerio Público de Sullana tendrá que necesariamente derivar a la Fiscalía Suprema de Control Interno en Lima, lo que deliberadamente ha omitido: remitir a la capital la información sobre la denuncia contra el magistrado Juan Luis Alegría Hidalgo por su condición de juez superior.

A pesar que los presuntos ilícitos penales fueron de conocimiento de los fiscales en Sullana, a través de los medios de comunicación, estos han omitido la denuncia, lo que podría acarrear responsabilidad administrativa y penal.

De esta manera, ahora no tendrán excusa para investigar a las cabezas del sindicato, quienes incluso intentaron hacer algo similar en Negritos para la donación de terrenos de playa usando una asociación fantasma. Sobre ese caso, tampoco actuó la fiscalía y la Procuraduría Pública, institución que hasta el momento no se pronuncia.

“Me parece que no han iniciado de oficio ningún tipo de investigación. La oficina de prensa de la fiscalía no ha dicho nada al respecto, y como las denuncias son notificadas a las partes, en este caso yo no he tenido conocimiento. Yo ingresé mi denuncia a la Fiscalía Corporativa Penal de Sullana, a efectos que ellos vean qué delitos les compete investigar y qué delitos les compete pasar a la fiscalía anticorrupción”, explicó Silva.

La denuncia ha encendido la pradera en el Poder Judicial de Sullana, en donde han dicho que hoy se pronunciarán sobre este caso.

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