Piura: Diez alcaldes han sido víctimas de extorsión

La violencia y el crimen organizado ha alcanzado los niveles más extremos en la región Piura. Y es que de enero a setiembre de este año, diez alcaldes distritales han sido víctimas de extorsión, según fuentes de Inteligencia de la Policía Nacional.

Uno de ellos fue el alcalde del distrito de Paimas (Ayabaca), Ronald Navarro Ramírez, quien falleció hace unos días luego de recibir un balazo en la cabeza por parte de unos sicarios cuando se dirigía a comprar medicamentos a una botica. Según efectivos policiales que investigan el hecho, el burgomaestre tenía mensajes sospechosos en su celular.

MÁS AMENAZAS. El alcalde del distrito de Lobitos (Talara), Christian Reque Llontop, también ha sido víctima de extorsión. En julio de este año denunció que unos delincuentes le exigían S/ 30 mil a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia.

Como él, otros ocho burgomaestres han recibido amenazas por negarse a pagar cupos en obras, por denunciar actos irregulares durante su gestión o por luchar contra organizaciones criminales dentro de su jurisdicción.

Este Diario entrevistó a algunas de las autoridades que están en la mira de los delincuentes, y constató la escasa seguridad con la que trabajan. “Me exigen que me vaya de la municipalidad sino atentarán contra mi vida o la de mi hija. Nosotros aceptamos las discrepancias y respetamos las apreciaciones distintas, pero de allí a que pongan en peligro mi vida y la de mi familia, eso no puedo permitirlo”, criticó Segundo Aguilar, alcalde distrital de Bellavista (Sullana).

Otra víctima de los extorsionadores fue el alcalde de Catacaos (Piura), Juan Francisco Cieza Sánchez, quien hace unos meses recibió amenazas de un grupo de construcción civil por cupos de trabajo en una obra que se iba a licitar en La Legua.

“Se hicieron pasar por dirigentes vecinales y me dijeron que querían cupos en el proyecto de agua que se ejecutará en La Legua. No hemos cedido, pero sé que intentarán nuevamente una vez sea licitada la obra”, precisó.

Asimismo, el alcalde del distrito de Frías (Ayabaca), Manuel Elera García, denunció haber recibido amenazas por no renunciar a su cargo.

“Me han pedido que deje el cargo o sino que me atenga a las consecuencias. No he realizado una denuncia formal porque no siento temor. Algunos opositores deben estar detrás de esto”, indicó.

De igual manera, otros dos alcaldes de la provincia de Ayabaca, dos de Huancabamba, y uno de Piura, quienes pidieron mantener sus nombres en reserva por temor a replesalias, confirmaron que también han recibido amenazas por denunciar cobro de cupos, por luchar contra la minería ilegal, el narcotráfico y actos de corrupción.

SEGURIDAD EXPUESTA. Para el presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), Óscar Benavides, es urgente la aprobación del proyecto de ley que otorgaría un seguro de vida a todos los alcaldes distritales y provinciales del país.

“Nosotros vivimos en peligro, amenazados y desamparados. Muchos alcaldes se encuentran más desprotegidos que otros debido a la distancia que los separa de las grandes ciudades”, lamentó.

Para el presidente de la AMPE, es lamentable que algunos alcaldes ganen poco y mantengan su vida expuesta durante el periodo de gestión municipal.

“Hay alcaldes de algunos rincones del país que ganan S/1200 y están desamparados. La ley de seguro de vida sería por riesgo funcional para las autoridades que fueron elegidas por voto popular en las elecciones”, dijo.

Más víctimas. De acuerdo al gobernador regional de Piura, Reynaldo Hilbck, las extorsiones no solo alcanzarían a los alcaldes sino también a funcionarios del área de infraestructura del gobierno regional.

“No solo los alcaldes son víctimas de la extorsión. Los funcionarios que tienen a cargo las obras públicas también reciben amenazas por cupos de trabajo. Sí, es difícil trabajar en la administración pública, con esto el problema se agrava más”, refirió.

Hilbck detalló que la minería ilegal, el narcotráfico en la zona de frontera y el crecimiento económico han favorecido la migración de bandas organizadas.

DÉFICIT POLICIAL. Sin embargo, el principal problema para poder capturar a estos delincuentes es el número limitado de efectivos policiales en la Unidad Antiextorsiones de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura.

Ahora, solo cuatro efectivos policiales deben investigar un promedio de quince denuncias al día, que se registran de lunes a viernes en dicha área.

Estos efectivos, además de la delincuencia, deben enfrentar también la falta de equipos, unidades móviles, y de tecnología para efectuar el seguimiento de las denuncias recepcionadas.

Al respecto, el jefe de la Divincri de Piura, comandante PNP Roberto Alvarado Dextre, dijo que la mayoría de víctimas de extorsión no se atreve a denunciar el hecho por temor a represalias.

“Algunos (alcaldes) no han realizado la denuncia correspondiente en la Divincri para poder iniciar las investigaciones. Tal vez solo han acudido a las dependencias policiales y eso genera un retraso en el procedimiento”, señaló.

Cabe mencionar que hasta el año pasado, la Unidad Antiextorsiones de la Policía Nacional en Piura solo contaba con cuatro efectivos, quienes en grupos de dos se turnaban para trabajar por día.

Según fuentes policiales, es necesario duplicar el número de efectivos para obtener mayores resultados.