Piura: El director regional de Transportes de Piura es investigado por colusión

La Unidad Desconcentrada contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú determinó que el director regional de Transportes, Jaime Saavedra, y otros cinco funcionarios incurrieron en el presunto delito de colusión agravada, al haber aprobado un adelanto irregular a favor de una empresa por un servicio que nunca ejecutó.

HECHOS. De acuerdo al informe N°832-2017/DIRCOCOR-PNP, las presuntas irregularidades se habrían registrado desde el 7 de octubre de 2015, cuando el actual director regional de Transporte, Jaime Saavedra, emitió la resolución directoral N°1032-2015, con la cual aprobaba el expediente técnico del servicio de “Reflotamiento de cinco sistemas de recepción vía satélite y transmisión de TV en baja potencia del conglomerado de proyectos de apoyo a la comunicación comunal”, cuya inversión era de S/237,500.

En aquel entonces, Saavedra le habría encargado al director de Administración, Manuel Lañas Gonzales, para que a través de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, a cargo de Carlos Estrada Febres, incluya dicho servicio en el plan Anual de Contrataciones y se realice el proceso para la contratación.

Aunque en un primer momento el proceso fue declarado desierto, en noviembre de ese mismo año realizaron una segunda convocatoria, otorgándole la buena pro a la empresa C&Y Construcción Ingeniería SAC. Fue así que el 11 de enero de 2016, Saavedra “firmó” el contrato con la supuesta gerente general de la empresa, Evelyn Salazar Martínez.

Posteriormente, pese a que no existía la garantía de fiel cumplimiento por parte de la empresa, la institución le canceló el 4 de marzo de 2016 un adelanto directo del 30% del monto contractual (S/71,250), sin que hasta ese momento haya iniciado algún tipo de trabajo.

El agravante de los hechos es que Salazar Martínez declaró ante la Unidad de Investigación que nunca celebró contrato alguno con la Dirección Regional de Transportes, pues laboró como representante de la empresa hasta el 27 el noviembre de 2015, y prueba de ello es la partida emitida por la Oficina Registral de Lima, en donde se constata que Aldri Machado Ibáñez era gerente general cuando se suscribió el supuesto contrato. Su versión se reforzó con la pericia grafotecnia N°090-2017, la cual determinó que la firma de Salazar había sido falsificada, al igual que el sello usado.

“Dicha empresa nunca inició ni realizó el mencionado servicio, con lo que se colige que se coludió con la empresa para pagarle el adelanto... Le rescindió el contrato 11 meses después de la supuesta firma, cuando el plazo para ejecutar el servicio era de 34 días”, indica el documento.

PROCESO. La investigación preliminar solicitada por el fiscal Jorge Terrones Terrones, del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, contemplaba al director regional de Transporte, Jaime Saavedra, y el jefe de la Oficina de Administración, Manuel Lañas Gonzales, como imputados. Sin embargo, también se ha incluido al jefe de Tesorería, Francisco Jara Berrú; la jefa de Contabilidad y Tesorería, Socorro Palacios Sandoval; responsable de Abastecimiento y servicios auxiliares, Carlos Estrada Febres; y la responsable de Egresos, Olinda García Valiente.

DECLARAN. El director regional de Transporte, Jaime Saavedra, aceptó ante la Unidad de Investigación que firmó el contrato con la empresa, cuyo plazo de entrega del servicio era de 34 días y que para el inicio contractual se debía suscribir el acta de entrega de terreno sin observaciones y el pago del adelanto al proveedor.

Con respecto a la carta de garantía que debió presentar la empresa, dijo que fue responsabilidad del área de Tesorería, a cargo de Francisco Jara Berrú, quien debió verificar la existencia de la misma.

Al respecto, Jara Berrú aceptó que dio la conformidad del servicio y que por la carga laboral existente, no verificó la existencia de la carta de garantía, limitándose a firmar la conformidad del pago. Agregó que el encargado de Control Presupuestal, Jorge Carreño Sánchez, fue quien realizó el pago.

Con respecto a la solicitud de adelanto directo del 18 de enero, el director regional dijo que derivó el pedido a la Oficina de Administración, a quien dispuso que se tomen las medidas respectivas, sin embargo, pese a ello se le otorgó el adelanto sin haberse retenido el 10% de la garantía de fiel cumplimiento.

Sin embargo, el encargado de dicha área, Lañas Gonzales, dijo que la responsabilidad de los hechos recaen en las áreas de Abastecimiento, Contabilidad y Tesorería, ya que estos actúan de filtro en la revisión y supervisión de los expedientes.

En tanto, el responsable de Abastecimiento, Carlos Estrada, dijo que solo actuó como miembro del Comité de Selección, y que no tuvo conocimiento sobre el trámite por no ser de su competencia.

Por su parte, la jefa de Contabilidad, Socorro Palacios, y la encargada de la sección de Ingresos de Tesorería, Olinda García, deslindaron responsabilidades aduciendo que no era su competencia aprobar los adelantos.