Piura: La inseguridad ronda al interior de los colegios

A finales del año pasado el programa “Edúcame con cariño” reportó ochenta y ocho casos de abusos a estudiantes de la región de Piura; sin embargo, las medidas de seguridad para nuestros escolares no habrían cambiado mucho.

JUSTICIA CIEGA. Esta vez se conoció una de las carencias con las que cuenta el sector de educación, ya que los directores de los centros educativos deben aceptar al personal por CAS que la Dirección Regional de Educación (Drep) Piura envía, sin que estos estén obligados a presentar sus antecedentes policiales ni penales.

Este año la DREP ha contratado a 486 servidores públicos por contrato CAS. Todos estos trabajadores conviven con los estudiantes, sin que nadie haya verificado al 100% si es que cuentan con antecedentes penales o policiales. Aunque parezca ilógico, solo firman una declaración jurada.

Según la Resolución General 016-2017 del Ministerio de Educación, los postulantes a un trabajo por CAS en una institución educativa están únicamente obligados a anexar en su Formulario Único de Trabajo, una declaración jurada donde digan que no cuentan con antecedentes.

No obstante, si esto es cierto o no, solo se comprobará si el servidor público infringe alguna norma y la institución que lo ha contratado busca sancionarlo.

En el artículo 14 del Decreto Legislativo 1057 indica que si la entidad contratante debe imputar al trabajador CAS, debe notificarlo y esperar un plazo de cinco días hábiles para que el servidor público explique el por qué de la sanción. Vencido este plazo, la entidad debe decidir según los criterios de razonabilidad y proporcionalidad si resuelve o no el contrato.

INSEGURIDAD EN COLEGIO. La medida que estipula el Decreto Legislativo 1057 es la que habría ejecutado la Dirección Regional de Educación de Piura, luego que conocieran que una persona que laboraba como vigilante en una institución educativa, fue intervenida por presuntamente pertenecer a una banda de “marcas”.

Ante estos hechos, fue el director del plantel Luis Alberto Sánchez, ubicado en el asentamiento Santa Rosa, Edgar Vásquez Romero, quien acudió a la DREP para conocer la situación legal de este trabajador.

“Nosotros al conocer sobre la detención de este trabajador acudimos a la oficina de Personal de la Drep y ellos nos dijeron que a los postulantes sí les piden sus antecedentes penales, pero hay casos que escapan de sus manos. Como director solo recibo al personal que la DREP me envía, a nosotros no nos consultan , este año he recibido siete trabajadores por contrato CAS entre vigilantes, auxiliares, para mantenimiento y una psicóloga.” , explicó.

Edgar Vásquez también refirió que ante esto ya han realizado un informe, ya que los padres sienten un poco de temor por este tema.

“Esta persona durante el tiempo ha hecho muy bien su trabajo, pero hace dos semanas un docente de nuestra institución fue baleado por un delincuente que intentó robarle su motocicleta y el ataque fue aquí afuera del colegio. Los padres tienen miedo”, manifestó.

Además, Vásquez informó que tanto él y su personal está prohibido de solicitarle a los trabajadores CAS algún tipo de documento.

“Ellos vienen con su documento de trabajo que se los brinda la DREP y empiezan sus labores. Si les pido algún documento me pueden sancionar, ya que estas no son mis funciones”, indicó.

INVESTIGACIÓN EN CURSO. Respecto a esta denuncia, el jefe de Personal de la DREP, Kellman Saavedra Vidangos, refirió que ya se ha notificado al trabajador y deberán esperar los cinco días hábiles para que este presente su documentos y acredite que no cuenta con antecedentes penales.

Así mismo, se conoció que de llegarse a conocer que el trabajador cuenta con antecedentes, sería denunciado a la Fiscalía por el delito de falsedad, al haber mentido en su declaración jurada.

No obstante, fuentes confiables de la Divincri informaron que este servidor contaría con antecedentes.

“Esta persona fue intervenida el viernes pasado en Tacalá, se les encontró un arma, vehículos robados , pero la fiscal dispuso que continuara investigado en libertad. Él aún es investigado no ha quedado libre de los cargos”, sostuvo.

MAYOR RESGUARDO. Ante esta situación de que no se conozca quién realmente convive con los estudiantes, el decano de Colegio de Profesores de Piura, Julio César Tocto Correa, solicitó que si bien la norma general prohíbe que los trabajadores presenten su documentación de antecedentes penales, las UGEL en conjunto con el área administrativa de los centros educativos deberían solicitar como una medida alternativa estos documentos.

“No es posible que nuestros alumnos convivan con trabajadores de los cuales los directores no conozcan su historial de vida. Si bien la norma general está vulnerando la integridad de nuestros estudiantes, las UGEL en conjunto con el área de administración de los colegios pueden buscar una alternativa para que los CAS presenten estos documentos. Se está trabajando con menores de edad y su seguridad e integridad es lo fundamental”, señaló.

Correo buscó la opinión de la directora de la DREP sobre este tema, pero estaba en las actividades oficiales y no pudo contestar nuestras llamadas.