Piura: La mafia de los "prepago"

Tal vez no lo sepa, pero en este momento alguien podría estar usando un celular registrado a su nombre para realizar llamadas y mensajes que lo podrían comprometer en algún delito y terminar tras las rejas.

Así como lo lee. Cualquiera puede adquirir un línea prepago como quien se adquiere una entrada al cine, incluso a nombre de autoridades como el presidente de la Corte Superior de Justicia, o su par del la Junta de Fiscales Superiores. Solo se necesita saber datos básicos como su número de Documento Nacional de Identidad (DNI), lugar de nacimiento, o en su defecto el nombre de cualquiera de sus padres; información fácil de obtener a través de las redes sociales o algún portal institucional del Estado.

SIN CONTROL. El incumplimiento de las normas para la venta de dispositivos de telefonía móvil, permite actividades ilícitas como extorsiones y estafas.

Correo comprobó la facilidad con que se pueden obtener estos implementos de comunicación, en pleno centro de Piura, sin que los encargados de las tiendas cumplan con las reglas básicas de seguridad.

Es así que llegamos a dos tiendas de la avenida Loreto, donde se supone que según las leyes vigentes del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), deberían verificar la identidad de los titulares, antes de vender alguna línea telefónica. Sin embargo, nunca nos solicitaron nuestro DNI, tampoco otro medio que sirva para saber quién es la persona que adquirió el chip, como por ejemplo un sistema de corroboración de las huellas digitales. Ni siquiera consultaron nuestro nombre.

Elegimos al azar a dos de los ocho establecimientos que accedieron a vendernos los dispositivos de telecomunicación a nombre de un supuesto tío.

COMPRAS. En el local de la calle Loreto 566 , que figura como nombre comercial Tecny City, pero que en la boleta aparece como Negocio Generales “Ross Mery Galdo Arreátegui”, una amable señorita de aproximadamente 25 años de edad que dijo llamarse María, nos vendió el chip Movistar a nombre del presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, Juan Carlos Checkley Soria, al facilitar el número de su DNI y el nombre de uno de sus padres. Solo con estos datos y haciendo uso de un equipo básico, activó la línea. El chip ya estaba listo para ser la herramienta de una extorsión.

Nuestra segunda visita fue a Negocios y Servicios Jireh, ubicada en Loreto 431, donde un joven callado que dijo llamarse Daniel, dejó de reparar un celular para atendernos. No tuvo mayor reparo en vendernos un chip Claro prepago, solicitando el pago de 8 soles. En este caso solo se necesitó conocer el DNI y el lugar de nacimiento del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, Héctor Dionicio Lama Martínez.

En ambas ocasiones, nuestro equipo periodístico solicitó que nos emitieran boletas de venta a nombre los supuestos titulares de las líneas, de quines solo dijimos que no podía sacar al línea, debido a que no se encontraba en la ciudad.

De esta misma manera podría actuar un delincuente para adquirir un número de teléfono, con el cual podría sembrar el pánico, incrimando con ello a las autoridades que se supone deben velar por la administración de justicia. Todo esto, sin que ellos tengan la remota idea de lo que se está haciendo con estos chips que están a su nombre.

PERMISIVIDAD. Según el fiscal de Prevención del Delito, Armando Ortíz Zapata, esta situación se genera porque no hay una supervisión adecuada de Osiptel.

“No se puede decir que por comprar una línea a nombre de otra persona vamos a cometer un delito, pero tampoco se puede descartar. Sin embargo, si se ha configurado una falta administrativa la debe sancionar el organismo competente”, acotó Ortíz.

El representante del Ministerio Público aseguró que forman una mesa de trabajo junto a Osiptel donde se expuso que la masificación de la venta de chips, dificulta la labor fiscalizadora. Agregó que es imprescindible cumplir con otras normas de seguridad como el control biométrico a través de las huellas digitales.

Para el jefe del División de Investigación Criminal, Roberto Alvarado Dextre, esta permisividad demuestra el poco interés que tienen los operadores de telefonía por la seguridad de los ciudadanos.

“El vendedor quiere ingresos, pero no mide el peligro que genera. Las víctimas terminan con procesos penales por extorsión”, aseveró.

En ese sentido, el oficial recomendó verificar en los portales web de los 4 operadores de telefonía el número de líneas a nuestro nombre, para de ser el caso pedir a las empresas que se desactiven los números gestionados sin autorización. Con este proceso, se agilizarán las investigaciones para deslindar responsabilidades, de ser el caso.

Alvarado Dextre dijo que es importante que las empresas hagan que se cumplan las normas de venta de chips, lo cual reduciría significativamente el número de extorsiones.