Se avizora un conflicto en Jíbito por los terrenos
Se avizora un conflicto en Jíbito por los terrenos

A cinco minutos de , se erige el pueblo de Jíbito en la jurisdicción del distrito de Miguel Checa. La escultura en barro de un hombre ensombrerado arreando un asno da la bienvenida a los visitantes.

Gente humilde y cálida asoma entre las viviendas de este apacible distrito. Sus chozas difieren con las grandes construcciones que se alzan en el lugar, de propiedad de empresarios y gente pudiente.

Su ubicación estratégica en la ruta Sullana-Paita, convierte a Jíbito en un pueblo apetecible para los empresarios y gente foránea que vislumbra la posibilidad de un negociado de tierras y/o proyectos de vivienda.

De ello son conscientes los pobladores de ese pueblo que con pesar han observado como Jíbito viene siendo ocupado por gente de afuera, que ni siquiera es del mismo Sullana. Todo ello, con la mano complaciente del alcalde, Pedro Zapata Sócola.

En palabras de la teniente gobernadora, Teresa Huiman Martínez, la falta de espacios libres donde vivir y la escasez de obras municipales son una disyuntiva que asola el distrito.

Para muestra de un botón, el proyecto anhelado para el cementerio público de Jíbito, hasta ahora no se cristaliza.

El problema radica en que no hay espacios disponibles para construirlo y tampoco un expediente técnico, a pesar que el mismo alcalde se comprometió a gestionar el proyecto.

ESTÁN DECIDIDOS. Ello, ha motivado a la dirigente vecinal a lanzar una advertencia que podría perjudicar a los jueces y servidores judiciales que tienen extensas áreas de terreno en ese pueblo.

“Aquí el pueblo ya se cansó de esperar, ya se cansó de mentiras. Nosotros con el alcalde encargado de Jíbito estamos viendo medidas de llamar a reunión a la población e invadir los terrenos del Poder Judicial, y lo haremos con nuestro pueblo”, amenazó la teniente gobernadora.

La indignación de los pobladores es comprensible en el sentido que tienen más de cinco años años esperando tener un espacio digno donde sepultar a sus muertos.

Actualmente solo cuentan con media hectárea de terreno donde se encuentran sepultados sus difuntos. Primero, dicho espacio era de siete hectáreas, las cuales se fueron aminorando con la llegada de familias con el afán de vivienda.

Por esta razón, las familias deben dirigirse hasta el centro poblado de Sojo para enterrar a sus muertos, cuando Jíbito ha sido bendecido con extensas áreas de terreno que ahora han sido atiborradas de propietarios.

Ahora, la municipalidad ha centrado la atención en los terrenos que años atrás eran reclamados por los militares argumentando tener certificados de posesión.

Sobre ese terreno, la comuna pretende ahora construir el cementerio para Jíbito, alegando no existir litigios ni conflictos, lo cual fue desmentido por la teniente gobernadora quien sostiene que esa área está en problemas.

A LA SEGURA. No obstante, el alcalde Pedro Zapata Sócola se muestra confiado en salir airoso de ese conflicto, tal vez por qué sabe que tendría a los jueces de su parte al haberlos beneficiado con extensas áreas de terreno.

“Nosotros (alcalde y funcionarios) habíamos determinado que los terrenos que hemos recuperado del Ejército pasen para el cementerio. Yo les voy ganando dos procesos (a los militares), se que han hecho otra apelación, pero no hay litigio porque ese terreno está revertido a la municipalidad de Miguel Checa. Si usted va a Registros Públicos se dará cuenta que la municipalidad es el único dueño de esos terrenos”, sostuvo el alcalde distrital.

ESTÁN MISIOS. Zapata esbozó la falta de dinero para la elaboración del perfil y expediente técnico como otro motivo para no invertir en el distrito.

Esta situación, según Zapata, será revertida con la subasta que tienen pensado lanzar más adelante luego que la Conata (Consejo Nacional de Tasaciones) haya establecidos la tabla de los precios para el metro cuadrado.

Bajo esa óptica, el metro cuadrado en la zona urbana costará 52 soles, y 32 soles el metro en los terrenos eriazos del centro poblado de Jíbito.

La subasta será la primera en los 10 años de gestión del alcalde Zapata Sócola.

Ello exime a los jueces y trabajadores judiciales, muchos de los cuales ya han sido titulados por la municipalidad, comprando terrenos a precio “ganga” (4 soles el metro cuadrado) bajo el cuento de la vivienda.

Así lo esgrimió el asesor legal de la comuna distrital, Fermín Vasquez. “El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial adquiere los 1360 metros cuadrados para vivienda. Sé que es para vivienda”, informó el abogado.

HUELE A ENGAÑO. Si bien fue el sindicato judicial representado por la secretaria general, Janet Loayza, el que hizo las gestiones ante la municipalidad para la formalización de los terrenos, no se explica cómo es que los jueces aparecen en la relación de beneficiarios, cuando es sabido que los magistrados están impedidos de pertenecer a un gremio para no trastocar su independencia y profesionalismo.

En ese aspecto, el alcalde distrital esbozó posibles denuncias contra los representantes del sindicato, quienes habrían sorprendido a la municipalidad, alegando ser terrenos para trabajadores judiciales cuando los jueces también han recibido su “tajada”.

“Nosotros estamos coordinando con nuestros asesores y profesionales para ver esto, porque la venta en ese momento ha sido libre, no habido los filtros. Ahora estamos viendo con nuestros profesionales ver que acciones vamos a tomar”, indicó la autoridad.

POSESIONARIOS. En el colmo, los beneficiarios habrían firmado declaraciones juradas de ser posesionarios del terreno, cuando es sabido que jueces ni trabajadores habitan en el lugar.

“Hemos otorgado un derecho de propiedad por posesión al sindicato para el uso de su local institucional u otros usos. Cuando nosotros hemos ido a inspeccionar para titularlos ellos han tenido que firmar tres declaraciones juradas: una estar en posesión, y acreditar su estado civil. Si ellos abandonaron el lote ese no es nuestro problema”, dijo Benjamín Nieto, jefe de Catastro de Miguel Checa.

TAGS RELACIONADOS