Sullana: Formalizan investigación en caso de compra judicial
Sullana: Formalizan investigación en caso de compra judicial

Las oficinas del Poder Judicial en tendrían sobre sus escritorios los equipos cómputos más caros del mercado.

Y es que un lote de diez computadoras (sin monitor) fue adquirida en el mes de diciembre del 2015 por el valor total de 49 mil soles, muy por encima del costo real de los aparatos en las tiendas.

Esta situación acarreó una investigación en el Ministerio Público por una supuesta compra sobrevalorada, que a un año y medio de iniciada la investigación muestra sus primeros avances.

EN CURSO. Ahora, la Fiscalía Anticorrupción ha dispuesto que el juicio pase a la etapa preparatoria por existir elementos de convicción que ameritan formalizar investigación por el supuesto caso de corrupción en las esferas de la Corte de Sullana, institución que se supone debe predicar con el ejemplo.

La denuncia es contra cinco imputados, tres en calidad de funcionarios y dos empresarios, a quienes se les procesa por el delito de colusión agravada al haber participado en la adquisición de bienes cuyos precios superan largamente el valor real ofertado.

El caso se remite a diciembre del 2015 cuando el Poder Judicial de Sullana efectuó la compra de un lote de computadoras (10 CPUS con mouse y 10 teclados, sin monitor) por el valor de 49, 596.00 soles.

La compra se efectuó bajo el nombre de convenio marco donde la empresa “Red Hardware” resultó ganadora, superando a las empresas “Perú Data Consult EIRL y “Computécnico SAC”, por considerar en menos tiempo la entrega de los aparatos.

Mientras las dos empresas demoraban 100 días en alcanzar los equipos a la entidad contratante; la empresa “Red Hardware” lo hacía en solo tres días, dándose por ganadora.

Según el área de Logística del Poder Judicial de Sullana, la compra se efectuó en mérito al requerimiento presentado por el departamento de Informática para repotenciar su sistema.

Es así como se efectuó la adquisición de computadoras a solo semanas de concluir el mes de diciembre del 2015.

Esa información es importante para la Fiscalía que investiga bajo que criterios se desarrolló el proceso y si este cumplió con todo lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado.

Por lo pronto, la investigación se centra en los precios y documentos emitidos por la entidad y la empresa como las órdenes de compra y facturas que días después serían anuladas de manera extraña para ser reemplazadas por nuevos documentos con números diferentes.

EVIDENCIAS. Con la orden N° 03251 de fecha 18 de diciembre del 2015, el Poder Judicial compró 10 teclados a S/ 502 el precio unitario, cancelando 5, 722.00 soles por el grupo de diez de éstos objetos.

El mismo documento consigna también la compra de 10 CPUs (sin monitor) marca DELL por el precio de 43, 000.00 soles.

Entre teclados y monitor, todo suma el monto total de 49 mil soles, dinero que abonó el Poder Judicial a la empresa por el servicio dado, en enero del 2016.

MOVIMIENTOS. Lo sospechoso es que la orden de compra en mención tuvo que ser anulada por los funcionarios encargados de la adquisición al detectar un “error”.

Aquí una de las razones por las cuáles los responsables de la Corte decidieron eliminar ese documento y reemplazarlo por otro. Según la encargada del área de Logística, Mayra del Socorro Ordinola, “se precisa que no hubo una cotización disgregada del importe de los CPUs, teclados y mouse adquiridos, siendo el importe total 49, 596.85 soles y que se incurrió en un error involuntario al generar la orden de compra N° 03251, respecto a los teclados”, sostiene.

Según Ordinola el precio unitario del teclado no es de 502 soles, sino que esa cantidad es por los 10 objetos, descartando con ello que estén sobrevalorados.

Mientras que los montos consignados por la compra de CPUs (43 mil soles) no varió en nada, al igual que el monto total de lo pagado.

POR EXPLICAR. A simple vista, pareciera que los funcionarios denunciados trataron de enmendar la compra sobrevalorada haciendo ver como si se tratara de un error al momento de digitar los números.

Sin embargo, no se explica cómo es que no se modificó el monto total de lo pagado, si se supone que al reducir el costo de los teclados (ya no era 5 mil por los diez sino 502 soles) no cambió en nada el valor total de lo pagado a la empresa, a pesar que si sumanos los 43 mil soles por CPUs y los 502 por teclados no arroja la cantidad de 49 mil soles que cobró el empresario.

REGRESEMOS AL CONTRATO. Lo segundo advertido por el fiscal anticorrupción es que en el mes de diciembre de ese año se compraron varios equipos por separado a diferentes empresas amparados en convenios marcos.

Sobre ese punto, el fiscal objeta la compra amparada en el convenio cuando tal adquisición estaba incluida en el Plan Anual de Contrataciones bajo la modalidad de adjudicación directa dentro del proyecto “Mejoramiento de los servicios de administración de justicia de la provincia de Sullana” valorizado en la suma de 120 mil soles de agosto del 2015.

Bajo esa premisa, la fiscalía expone que “el cambio (de modalidad de compra) se habría producido sin razón aparente, ni justificación legal alguna, por lo cual los investigados han transgredido el artículo 19 del Reglamento de Contrataciones del Estado que establece prohibición de fraccionamiento”.

Eso quiere decir, que los funcionarios pasaron por encima de la Ley de Contrataciones y efectuaron compras menores cuando las mismas estaban sujetas al proyecto para mejorar los servicios administrativos por 120 mil soles que contaba con código SNIP 364439.

“Queda prohibido fraccionar la contratación de bienes, de servicios y la ejecución de obras con el objeto de modificar el tipo de proceso de selección que corresponda, según la necesidad anual”, cita la norma a la que se refiere el fiscal para investigar el proceso.

Sobre la compra de computadoras, se informó que tres empresas presentaron su proforma dando como ganadora a una sola; no habiendo un proceso de selección de por medio.

En ese sentido, para la fiscalía es necesario determinar cuántos procesos de compra se realizaron con el código SNIP 36439, ya que en este caso se incluía la compra de monitores e impresoras, las cuales han sido compradas por separado, según informe de la fiscalía.

Estos son solo algunos de los argumentos esbozados por el fiscal Jack Trelles a cargo del caso quien ha decidido formalizar investigación.

IMPLICADOS. La fiscalía ha formalizado investigación contra César Augusto Zárate Magaño, Luis Enrique Hidalgo Sánchez y Mayra del Socorro Ordinola Ávila. Todos trabajaron en las áreas de Administración y Logística en el año 2015, a excepción de Ordinola quien hasta la fecha sigue laborando como jefa de Logística de la Corte de Sullana, a pesar de los graves hechos denunciados en su contra.

Por parte de la empresa se denunciaron a Augusto Araldi Távara Bermeo y Emir Adrianzen Olano, ambos en calidad de extraneus por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad colusión agravada.

Los cinco procesados ya han sido citados a declarar por parte de la fiscalía. También se busco la versión de los implicados, pero se nos informó que dos de los mismos se encuentran laborando en las cortes de Cajamarca y Moquegua, siendo imposible contactarse con los mismos, mientras que en las oficinas de Sullana se nos contestó que no se iban a pronunciar sobre ese juicio por estar en etapa intermedia.

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