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Puno: 90 familias de ladrilleros no quieren irse de terreno

Artesanos informales están dispuestos a todo para quedarse en predio donde trabajan desde hace más de 30 años
Puno: 90 familias de ladrilleros no quieren irse de terreno

Puno: 90 familias de ladrilleros no quieren irse de terreno

07 de Junio del 2017 - 09:56 » Textos: Carlos Flores » Fotos: Correo Puno

Cerca de 90 familias de ladrilleros que se asentaron en terrenos del denominado Rancho Punco en La Rinconada de Salcedo, están a punto de quedarse sin sustento pues ayer las autoridades notificaron una orden de cese de toda actividad porque han sido comprendidos en el delito de minería ilegal

El terreno en cuestión abarca aproximadamente 24 hectáreas y está bajo administración del Instituto José Antonio Encinas. Desde la década de los años 80 del siglo pasado, un grupo de ladrilleros ocupó el lugar y, hasta hoy no regularizaron su estatus legal.

En la actualidad se cuentan cerca de 33 hornos cerca de los cuales se han construido varias chozas ocupadas por las familiares de los ladrilleros.

NOTIFICACIÓN. Ayer, los jefes de dichas familias recibieron dichas notificaciones y confrontaron a los miembros de otra asociación que, según indican, quieren ocupar esos terrenos y convertirlos en una urbanización.

Debido a ello se inició un enfrentamiento que forzó la llegada de un regular contigente policial que intentó mantener la calma.

Dicha calma es pasajera, pues la notificación entregada indica que se les ordenan que detengan toda actividad y se preparen para un eventual desalojo realizado por la Policía.

Los ladrilleros instalados en la zona dijeron que su actividad es de subsistencia e incluso mostraron varias de las viviendas precarias para demostrar su afirmación.

Indicaron que fabricar ladrillos les permite mantener a sus familias. “ Con este trabajo vivimos, es nuestro sustento y damos de comer y hacemos estudiar a nuestros hijos”, indicó el artesano Edwin Pérez.

Según manifestaron, los quieren desalojar para construir una urbanización pues una asociación provivienda se alió con el director de la JAE, Percy Vazques Arce y quiere desalojarlos no para respetar la propiedad pública sino para usar esos terrenos y destinarlos a la construcción de viviendas.