GRT denuncia a dirigentes del Sutep por daños y disturbios

El Gobierno Regional de Tacna (GRT) a través de su procurador Ad Hoc, Samuel Alex Bautista Cruz, interpuso una denuncia por el delito de daños y disturbios en contra de la comisión que representó a los maestros cesantes y jubilados, durante la protestas del pasado 30 de marzo.

La disposición fiscal 01-3DI-FPPC-T señala que la tarde del pasado 30 de marzo, cerca de 80 docentes entre cesantes, jubilados y maestros del Sutep, de manera agresiva, exigían ser recibidos por funcionarios de la región para solucionar el pago del 30% por preparación de clases.

Ante el exabrupto, el GRT optó por convocar a la Policía y cerrar sus puertas. La situación habría provocado que los docentes protestantes empiecen a golpear las puertas y lanzar piedras que finalmente ocasionaron abolladuras en la infraestructura.

SINDICADOS. 

La denuncia alcanza al dirigente Luis Flores Villavicencio (secretario general del Sutep) y Edgar Astete López (decano del Colegio de Profesores), junto a ellos figuran los docentes María Oliva Pizarro, Eleodoro Salas Arias, Gregorio Calizaya Centón, Jesús García Gómez, Luis Alberto Heredia Clavo y Rossana Reinoso Guillermo; por los delitos de daño simple y disturbios en contra del Estado peruano, el gobierno regional y Ministerio del Interior, respectivamente.

Al respecto, el denunciado Luis Flores Villavicencio evidentemente contrariado expresó: “Fueron ellos quienes actuaron de forma violenta, nos arrojaron agua, sin embargo ninguno de nosotros actuó de manera formal; en vez de que nosotros denunciemos fueron ellos los que actúan con represalias”.

El dirigente de los profesores se defendió de la denuncia, arguyendo que jamás golpearon las puertas y que las huellas que presenta el mismo fueron ocasionados por otras protestas que usualmente se realizan contra el GRT. “Resulta increíble, buscan un culpable y crean una fachada contra los docentes como azuzadores”, exclamó.

DISPOSICIÓN.

La carpeta que fue notificada el lunes a Flores ordena el inicio de las diligencias preliminares por un plazo de 70 días.