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La Contraloría investiga a doce exfuncionarios de la comuna de Tumbes

Según la entidad del Estado los hombres de confianza de la exgestión cometieron una serie de irregularidades en el proceso de selección y ejecución de la obra mejoramiento y rehabilitación del sistema de saneamiento básico del sector Nuevo Tumbes en los años 2012 y 2013

La Contraloría investiga a doce exfuncionarios de la comuna de Tumbes

La Contraloría investiga a doce exfuncionarios de la comuna de Tumbes

10 de Enero del 2017 - 09:35 » Textos: Vianca Zeña » Fotos: Correo

El Órgano Instructor Norte de la Contraloría General de la República inició un procedimiento administrativo sancionador contra 12 funcionarios y exservidores públicos de la Municipalidad Provincial de Tumbes que laboraron en la gestión de la exalcaldesa Marjorie Jiménez Gonzales.

Según el informe de la entidad encargada de controlar los bienes y recursos públicos, se habría generado un perjuicio económico de más de un millón de soles.

Esto tras existir indicios de que los funcionarios de ese entonces aprobaron solicitudes de ampliación de plazos, así como las incongruencias de los precios de los materiales de construcción, además, de generar cartas fianzas por adelantos directos y por dar trámite y suscribir el contrato pese a las irregularidades presentadas por el postor ganador.

Dicha investigación es por la obra denominada mejoramiento y rehabilitación del sistema de saneamiento del sector pueblo nuevo II etapa, ejecutada en el año 2012 y 2013.

PROCESO. La Contraloría investiga a Luis Johny Oropeza Norabuena, que el año 2013 se desempeñó como gerente de infraestructura y desarrollo urbano de la MPT.

El funcionario visó la resolución de gerencia municipal N° 007-2013/MPT-GM, cuando aún contemplaba en los análisis de los precios unitarios de las subpartidas trazo y replanteo correspondientes a las partidas de redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias. Asimismo, los precios del yeso era igual al del cemento, cayendo en incongruencias.

Esto ocasionó un grave perjuicio económico al Estado de 58,233 soles.

También se le investiga por haber tramitado y aprobado el pago de cinco valorizaciones de obra, esto conllevó a que se pagaran adelantos pese a que en las bases de la licitación se prohiben. Esto ocasionó un perjuicio de S/. 45,255.

Además, por no haber objetado la suscripción extemporánea del contrato de la obra y al no verificar que se había incluido a un nuevo supervisor que no cumplía con los requerimientos técnicos establecidos en las bases.

Juan Antonio Lezcano Fernández, está incluido en las pericias en su calidad de gerente municipal en el 2013.

En ese mismo año Juan Carlos Gonzales Hidalgo y Eduardo Romero La Torre toman periodicamente y en diferentes meses la gerencia municipal, sin corregir, al parecer, las observaciones.

En la lista se halla Jesús David Tapia Fernández quien en su calidad de subgerente de estudios técnicos de la comuna no se pronunció a tiempo frente a los pedidos del consorcio sobre la modificación del trazado del colector principal, ante Atusa.

La demora ocasionó que se apliquen penalidades máximas por mora al no concluir la obra en los plazos establecidos, provocando un perjuicio de 910 543 soles.

Pedro Armando Ynfante Isla, quien ocupó el cargo de asesoría legal de la MPT, está incluido por haber aprobado la ampliación de plazo parcial de 26 días cuando solo correspondía de 20.

Además, consideró la procedencia la formalización de la paralización de la obras bajo el informe N° 466-2013/MPT-HDPR de fecha 24 de setiembre de 2013.

Jack Eddie Leiva Bringas en calidad de subgerente de obras públicas y catastro de la comuna de Tumbes, al no haber tomado en cuenta el pronunciamiento de la inspectora quien había denegado una ampliación de plazo y recomendó otorgar dicho pedido a favor del contratista.

Además de haber suscrito el acta de paralización de la obra con fecha 8 de marzo de 2013 con el argumento que el cambio del trazo del emisor Los Diamantes la falta de pago de las valorizaciones conllevaron a esta medida.

El informe de Contraloría también señala que Jack Leiva habría dado información falsa acerca del servicio prestado por la supervisión de la obra, al permitir el pago de un ingeniero especialista en mecánica de suelos, la misma que conforme precisó no prestó los servicios mencionados. Esto originó un perjuicio económico de 131, 688 soles.

En la relación también se encuentra Freddy Roberto Alemán Seminario, Clever Ramón Mauricio Zapata, Roger Florencio Morán, Katherine Niquen Tineo y Julio César Mansilla Mejía. Se supo que la obra aún no cuenta con la factibilidad de Atusa, por lo que presenta serios problemas de operatividad.

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