Más de 3 mil casos de corrupción vinculados a gobiernos regionales

Al 31 de diciembre del 2016, los gobiernos regionales acumulaban 3, 349 casos de corrupción en investigación en el Ministerio Público y procesos en el Poder Judicial. A dicha cifra -hecha pública en un reciente informe de la Defensoría del Pueblo- se pueden sumar muchos otros juicios.

En el departamento de Tumbes, el expresidente regional Gerardo Viñas cumple una condena de 11 años de prisión; no obstante, aún debe enfrentar otros procesos. A su turno, el actual gobernador de Tumbes Ricardo Flores, tiene acumuladas más de 100 denuncias por presuntos actos de corrupción.

Solo la semana pasada se detuvo al exgobernador del Cusco Jorge Acurio, por supuestamente haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht. También se desarticuló una red dedicada al lavado de activos que, según la Fiscalía, era dirigida desde la cárcel por el exgobernador de Ucayali Jorge Velásquez Portocarrero.

Esos son solo unos nombres en una larga lista de máximas autoridades regionales condenadas o implicadas en delitos de corrupción.

Para el analista político Diethell Columbus, esta situación es un problema social en el cual se conjugan elementos políticos y normativos.

“El tema de la corrupción, a nivel subnacional, obedece básicamente a que quienes participan o son elegidos provienen, en muchos casos, de movimientos regionales que no son partidos. Se forman solo con la finalidad de ser vehículos para llegar al poder”, comenta Columbus.

El especialista también considera que la legislación vigente favorece la corrupción a nivel de gobiernos regionales.

“Por poner un ejemplo, si un gobernador contrata a su esposa para trabajar en el gobierno, no es causal de vacancia”, agrega.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo exige que los gobiernos actualicen sus portales de transparencia, en los cuales se detalla cómo se gastan los recursos públicos. En el año 2016, en general, los gobiernos regionales solo cumplieron en 72% con la divulgación de dicha información.

Descentralización. Darle autonomía a los departamentos es un proyecto que se inicia en la gestión de Alberto Fujimori con la creación de los Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR). Sin embargo, es con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, promulgada en 2002, durante el gobierno de Alejandro Toledo, que se formaliza la figura de la región tal como la conocemos ahora. Sus primeras autoridades -entonces llamadas “presidentes regionales”- se eligen ese mismo año. ¿Falló el modelo?

Para Columbus, el problema no es la descentralización por sí mismo, sino cómo se ha llevado a cabo el proceso, que aún mostraría muchas contradicciones.

“Se busca centralización en lo político, para aminorar el control gubernamental, pero cuando pasa algo como El Niño Costero, las mismas regiones piden el centralismo, es decir, la intervención del gobierno nacional -a través de la transferencia de más recursos- para solucionar los problemas que ellos debieron atender o prever en su momento. Seguimos siendo centralistas cuando las papas queman”, sentenció.