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Piden levantar secreto bancario de “muertos”

El despacho Anticorrupción solicita levantar el secreto bancario de seis personas fallecidas para determinar quiénes fueron los que cobraron pensiones del Ejército, generando un perjuicio económico al Estado
Piden levantar secreto bancario de “muertos”

Piden levantar secreto bancario de “muertos”

23 de Agosto del 2017 - 08:43 » Textos: Janina Rodríguez » Fotos: Correo

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, solicitó ante la Corte Superior de Justicia de Tumbes (CSJT) el levantamiento del secreto bancario de seis personas que habrían cobrado sus pensiones del Ejército peruano en los periodos del 2009 al 2013, tiempo en el que aparecen como fallecidos, según las investigaciones del Ministerio Público.

INDAGACIONES. El pedido recayó al despacho del Juzgado de Investigación Preparatoria, Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, la Fiscalía requirió levantar el detalle de las cuentas de las siguientes personas; Deanira Calderón Vda. de Fiestas, Jesús Jorgelina Gonzales Vda. de Ruíz, Segundo Francisco Neyra Pineda, José Ubillus Ubillus, Hilda Atoche de Huaripata y Alejo Sucasaca Coaquira.

El Ministerio Público señala que pese a haber fallecido entre los años 2009 al 2013, estas personas han venido cobrando sus pensiones, por lo que solicitó se lleve a cabo el levantamiento del secreto bancario correspondiente al periodo de julio del 2009 hasta julio del 2013, a efectos de determinar quiénes fueron los que cobraron las pensiones de los fallecidos y los cuáles fueron los montos cobrados, que habrían sido materia de apropiación ilícita (peculado).

HECHOS. De acuerdo a la documentación fiscal, los hechos de produjeron en la Comandancia General de la Primera brigada de Infantería del Ejército de Tumbes, donde se identificó que eran seis los pensionistas del Ejército que firmaban sus planillas y recababan sus boletas de pago.

Asimismo se advirtió que dichas personas fallecieron entre los periodos de agosto del 2009 y mayo del 2013, pero luego de su deceso siguieron cobrando indebidamente sus jubilaciones, generando un perjuicio económico al Ministerio de Defensa (Estado del Perú)

RESPONSABILIDADES. Según el Ministerio Público, de las testimoniales recabadas en la carpeta derivada, se llegó a determinar que la persona responsable o sectorista encargado de la firma de planillas y entrega de boletas de pago en la Comandancia General de la Primera brigada de Infantería del Ejército de Tumbes era el empleado civil Jorge Alberto Chicoma Infante y en el año 2010 hasta la actualidad es José Ricardo Sernaqué Macalupú.

Ambos también tenían la custodia de las cartas poderes y certificados de supervivencia de los seis pensionistas.

No obstante, la Fiscalía Anticorrupción logró evidenciar de que el personal civil del Ejército no contaba con los certificados de supervivencia y poderes que la ley exige, además en relación a la rendición de cuentas, no tenían en su poder la información completa de las copias de planillas, siendo responsable el Jefe de la Subjefatura Previsional del Ejército de Tumbes.

Esta persona tampoco cumplió en bloquear las cuentas bancarias de los seis fallecidos, cuando no se firmaban las planillas, permitiendo de esta manera que se concrete el ilícito penal, afectando las arcas del Ejército peruano.

DELITO. Finalmente la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios concluye que los jefes de la Subjefatura Previsional del Ejército de Tumbes, no ha cumplido durante el año 2003 al 2013 con los dispositivos legales establecidos en el Decreto LEY °19846- Ley de Pensiones de Personal Militar y Policial y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N°009-de-CCFA, el Decreto Legislativo N°1133- Ordenamiento Definitivo del Régimen de Pensiones del Personal Militar y Policial, que establece las normas para la acreditación de la supervivencia del personal pensionista.

En otras palabras, la Fiscalía advirtió que el personal responsable del otorgamiento de pensiones no cumplio la normativa vigente por lo cual no acreditó ni verificó la supervivencia de los ciudadanos pensionistas.

En consecuencia el despacho fiscal precisa que existen suficientes argumentos para que el Juzgado Anticorrupción disponga del levantamiento del secreto bancario de las seis personas señaladas anteriormente, por tanto solicita al juez que emita la resolución correspondiente y oficie al banco para que entregue en el plazo de ley los reportes necesarios para continuar con la investigación.

MONTOS PROBABLES. La Fiscalía de Tumbes advirtió en primera instancia que el Ejército de Tumbes habría pagado un total de S/71,751.89 a Deanira Calderón viuda de Fiestas, pese a que esta persona ya había fallecido; asimismo otras inescrupulosas personas se habrían llevado un total de S/55,646.44 a nombre de Jesús Jogelina Gonzalez, Vda. de Ruiz.

Lo mismo sucedió en el caso de Segundo Francisco Neyra Ubullus, quien reporta el cobro indebido de S/5,890.84, pese a haber muerto.

José Ubillus Ubillus registra el cobro de S/. 2,951.98, Hilda Atoche Huaripata con S/2,153.67 y Alejo Sucasaca Coaquira aparece con S/1,860.72.

La Fiscalía se basa en el artículo 64 inciso 01 y artículo 235 del Código Procesal Penal para requerir se disponga del levantamiento del secreto bancario de las seis personas mencionadas para determinar el detalle de los cobros, quienes habrían retirado el dinero y cuánto se cobró.

El Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tumbes evaluará el requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción y dará su veredicto en las próximas semanas.