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Tumbes: Álvarez no ve probable que casos de corrupción sean derivados a Lima

Si bien el magistrado acepta que en la capital existen más peritos y mayor logística, refiere que la norma orienta a que los procesos se lleven a cabo en el territorio donde se cometió el perjuicio económico. No obstante, precisa que el procurador es quien podría cuestionar a las partes en caso quiera promover la derivación de un caso

Tumbes: Álvarez no ve probable que casos de corrupción sean derivados a Lima

Tumbes: Álvarez no ve probable que casos de corrupción sean derivados a Lima

17 de Noviembre del 2016 - 09:39 » Textos: Janina Rodríguez » Fotos: Correo

Tras las declaraciones del coordinador de la Procuraduría Anticorrupción de Tumbes, Adriano Aguilar Rimarachín donde opina que los casos de corrupción más “emblemáticos” deben ser derivados a la Fiscalía Supranacional en vista de que cuenta con más logística para resolver los procesos, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Tumbes, Carlos Álvarez Rodríguez, dejó entrever que las leyes regulan las competencias por el territorio donde ocurrió el perjuicio económico.

No obstante, indicó que esto es posible, pero debe ser impulsado por el procurador, en caso de que éste tenga los motivos suficientes para pedirlo.

POSICIÓN. “No es cuestión de pedirlo nada más, un proceso está sujeto a ciertas reglas y normas que regulan lo que es la competencia para las investigaciones por diversas causas, tanto por el territorio, como por la función. Uno se orienta bajo un marco normativo, y como es sabido, los perjuicios han sido cometidos en nuestro territorio, por lo que corresponde seguir las investigaciones en Tumbes”, informó el abogado.

COMPRENDE. Del mismo modo, el fiscal superior dijo que entiende la preocupación por parte del procurador anticorrupción Adriano Aguilar.

“Yo asumo su preocupación (del procurador), en cuanto a que es cierto que la logística no es la misma, en Lima tienen un equipo de peritos tanto de ingeniería civil, así como contadores públicos y economistas, que realizan las pericias financieras, pero legalmente los casos de corrupción que se cometieron acá deben seguir llevándose acá, debido que para ello se crearon las Fiscalías especializadas en Corrupción de Funcionarios”, acotó.

No obstante, el titular del Ministerio Público en Tumbes dijo que una de las posibilidades para que los casos sean trasladados a Lima, es que una de las partes de un proceso haga un cuestionamiento contra la competencia (a la otra parte).

“A quien le corresponde hacer el cuestionamiento es al procurador anticorrupción, por ejemplo si él cuestiona que Tumbes tenga la competencia en ciertos casos y argumenta los motivos por los cuales se debe llevar a Lima, el caso puede ser trasladado, pero generalmente son casos trascedentes, como el de Belaunde Lossio y Rolando Orellana”, explicó.

Descartó que el pedido del procurador anticorrupción haya puesto en tela de juicio la idoneidad de los fiscales de Tumbes.

“Se ha hablado de la posibilidad de derivar los casos a Lima no porque falta de idoneidad de los fiscales, sino por carencia de la logística para seguir los procesos”, remarcó.

Ante el poco recurso humano que tiene la Fiscalía de Tumbes, Álvarez Rodríguez señaló que el Ministerio Público se rige al presupuesto que envía el Gobierno Central en base a la cantidad de población que tiene Tumbes.

RETRASO. Respecto a los procesos en los cuales el Ministerio Público ha presentado recurso de apelación como lo es “El Chamaco”, y hasta el momento la Sala Penal de Apelaciones de Tumbes no resuelve, el fiscal superior acotó que no hay una ley que establece una fecha límite para que los casos sean resueltos.

Sin embargo, en vista de que ha transcurrido un año desde que la Fiscalía presentó apelación del fallo absolutorio en “El Chamaco”, Álvarez Rodríguez sostuvo calificó de desproporcionado el tiempo que está tomando el Colegiado en resolver este proceso.

“Si hubiere una demora que no es justificada yo asumo que la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma), hace su trabajo e interviene”, indicó.

SOBRECARGA. Alvarez indicó que la sobrecarga procesal no solo es evidente el Ministerio Público, sino que también la tiene la Corte Superior de Justicia de Tumbes, lo que genera la dilación de los procesos.

“Las audiencias se están programando a dos meses, en este momento ya tenemos audiencias que son programadas para enero del próximo año, pero esto también obedece a la sobrecarga procesal que existe tanto en los despachos fiscales y en el Poder Judicial”, precisó.

Vale indicar que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios atiende cerca de 500 casos de toda la región de Tumbes y solo cuenta con seis fiscales para investigar y acusar.

Asimismo, el despacho de Trata de Personas tiene sesenta casos, no obstante dos fiscales son los que trabajan en estos procesos.

En la misma situación se encuentra las Fiscalías de Crimen Organizado, y de Delitos Comunes.

El coordinador de la Procuraduría Anticorrupción, Adriano Aguilar, coincide con el fiscal superior en que la gran carga procesal que tiene Tumbes es elevada, e impide que los procesos se resuelvan en una fecha prudente.

CASOS. El expresidente rgional, Gerardo Viñas Dioses tiene treinta y siete casos vigentes, de los cuales cuatro están en la fase de juicio oral ad portas de emitir sentencia final.

La exalcaldesa Marjorie Jiménez también tiene cuatro procesos de investigación. Dos están en la etapa intermedia y el Ministerio Público ha pedido diez años de cárcel contra la exautoridad edil y sus exfuncionarios.

En torno al gobernador regional de Tumbes Ricardo Flores Dioses, sus casos se han ido archivando, sin embargo tiene nueve procesos vigentes, los cuales han surgido durante el 2015 y 2016, además dos en ejecución de sentencia.

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