Familia de inmigrante asesinado por policías de EE.UU. recibe US$1 millón en reparación

Una jueza federal aprobó hoy el acuerdo propuesto por el Gobierno estadounidense para poner fin a la demanda por "homicidio involuntario" en contra de doce agentes federales que hace siete años propinaron una brutal golpiza al inmigrante mexicano Anastasio Hernández que causó su muerte.

Como parte de la resolución, el Gobierno pagará un millón de dólares que será repartido entre los cinco hijos de Anastasio Hernández Rojas, cuyas edades oscilan entre los 10 y 25 años, mientras que un porcentaje será destinado a los gastos de la representación legal.

A la audiencia de hoy celebrada en San Diego, California (EE.UU.), acudió la familia de Hernández Rojas y activistas defensores de derechos humanos, mientras que del lado del Gobierno solo aparecieron los abogados de los agentes señalados en la demanda, que no hicieron presencia en ningún momento.

El acuerdo fue aprobado de manera tentativa por la juez Louisa Porter, ya que quedan algunos detalles de procedimiento pendientes, según detallaron los abogados.

Se estima que, una vez se concreten los detalles que faltan, los deudos del mexicano podrían recibir el monto acordado a pagarles dentro de las siguientes ocho semanas. Los dos hijos menores recibirían su parte una vez que cumplan los 18 años.

María Puga, madre de los cinco hijos del fallecido inmigrante mexicano, señaló que aunque su deseo inicial era llevar el caso a juicio, decidió aceptar el acuerdo del Gobierno por considerar que ya era tiempo de "dar vuelta a la página" a un doloroso proceso que se extendió por casi siete años.

"Este acuerdo no es justicia, la vida de mi esposo no tiene precio", declaró la viuda de Hernández Rojas en conferencia de prensa sobre el acuerdo del cual también dijo que tomó en cuenta otros factores como la posibilidad de que el juicio se extendiera todavía más o inclusive se anularía sobre todo tras la llegada a la Presidencia de Trump, quien ha mostrado posturas antiinmigrantes.

"También tuvo que ver mucho para que yo me pusiera a pensar eso, es decir, se está poniendo la cosa muy mal entonces prefiero dejarlo así", mencionó.

"Fue por el bien de nuestra familia, por la tranquilidad", remató.

Eugene Iredale, abogado que encabeza el grupo legal que representó a la familia Hernández, lamentó que hasta la fecha ninguno de los doce agentes fronterizos, entre los que se incluyen supervisores, haya recibido algún tipo de sanción por sus acciones.

"¡Nada!, ni un día fuera de trabajar, ni siquiera una nota en su archivo", criticó.

Con la resolución del caso civil, también salieron a la luz nuevos vídeos que fueron utilizados como evidencia durante el proceso legal.

En ellos, se observa el momento en que Hernández llega a la estación de la Patrulla Fronteriza antes de ser enviado a la antigua zona de deportaciones cerca de la garita de San Ysidro en California, además de los testimonios de siete de los doce agentes involucrados.

Anastasio Hernández fue detenido junto a su hermano por agentes de la Patrulla Fronteriza en mayo de 2010 cuando intentaba reingresar a Estados Unidos sin documentos.

Una vez trasladado a la antigua zona de deportaciones se registró un altercado, durante el cual el mexicano fue rodeado por varios agentes, quienes lo golpearon y detonaron descargas eléctricas en su cuerpo en múltiples ocasiones cuando éste se encontraba tendido en el suelo.

Los abogados defensores revelaron que algunos de los oficiales que estuvieron presentes aquella noche decomisaron teléfonos móviles a otras personas que atestiguaron el hecho y les borraron las imágenes grabadas.

Los letrados indicaron que el Gobierno federal accedió a pagar un millón de dólares, pero después de haber gastado tres veces esa cantidad en pelear el caso en la corte.

"Estamos convencidos de que ellos (Gobierno) estaban dispuestos a gastar cualquier cantidad de dinero para seguir peleando, ellos no querían un juicio, finalmente resolvimos el caso porque la familia ya quería terminar con este caso", indicó el abogado Guadalupe Valencia.

Hasta el momento, no hay un posicionamiento por parte de autoridades federales tras el acuerdo.

En 2015, el Departamento de Justicia decidió no presentar cargos criminales hacia los doce agentes al no encontrar evidencia suficiente para demostrar que éstos actuaron con malicia.

En respuesta, activistas llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyo proceso sigue pendiente.

"Esperamos que el acuerdo de hoy de cierta tranquilidad a la familia, pero nuestra búsqueda por justicia no ha terminado", afirmó Andrea Guerrero, directora ejecutiva del grupo Alliance San Diego.

La resolución llega en tiempos en que el Gobierno federal plantea aumentar el número de agentes federales que resguardan la frontera con México.