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La pesca es cada vez más intensiva sobre todo en alta mar (más allá de las 200 millas), lo cual está amenazando la conservación de los recursos y la normal actividad de la pesca. Y una de las especies que más está sufriendo es el jurel. Quizá con este argumento, el gobierno chileno acusó a nuestro país de no haber cumplido con las medidas para reducir la sobreexplotación en esta variedad, que si bien se trata de un pez muy abundante en el Pacífico Sur su biomasa pasó de 30 millones de toneladas a 3 millones en apenas veinte años.

"Nos sentimos profundamente decepcionados del bajo nivel de cumplimiento de las medidas adoptadas por varios estados. Es desconcertante ver cómo algunos incumplen varias medidas adoptadas y otros no dan su consentimiento", denunció el ministro de Economía de Chile, Pablo Longueira, abriendo un capítulo más en los constantes enfrentamientos que van desde el arbitraje en La Haya, que incluye también a una zona de pesca, hasta el campo deportivo.
Las declaraciones de este ministro toman mayor relevancia ya que las hizo en la reunión del Grupo de Trabajo de Alto Nivel de la Or-ganización Regional de Pesca del Pacífico Sur (Orgpps) en su país, donde además defendió que ellos si cumplieron "el cien por cien" de lo establecido en el acuerdo de 2011.

Recordemos que en esa ocasión la Orgpps fijó una cuota total de 520.000 toneladas, un 40% menos que el año anterior, y muy lejos de los niveles de captura de los años 80 y 90, que llegaron a entre cinco y seis millones de toneladas anuales.
A estas críticas se sumó la ONG ambientalista Greenpeace quien apuntó directamente a Perú, al asegurar que nuestro país se excedió en la parte de la cuota que le correspondía en 2011.

Según el portavoz de Greenpeace, Samuel Leiva, "El incumplimiento de las medidas y las denuncias de información de capturas hacen peligrar los acuerdos de manejo de los recursos pesqueros en el océano más grande del mundo, justamente violando el objetivo de las negociaciones, lo que ha puesto al recurso en una muy difícil posición".

"Rechazamos cualquier incumplimiento de las medidas de manejo que se han tratado de implementar porque ponen una mayor presión sobre un recurso que se encuentra al borde del colapso. Lamentablemente Perú, Ecuador, Rusia, China y Corea no lo ven de esa manera", declaró Leiva.

LA POSICIÓN PERUANA . Tras las acusaciones, la Sociedad Nacional de Pesquería de Perú, consideró que el Perú sí ha cumplido lo acordado y que hay un error de concepto en la posición chilena.

El titular del gremio, Richard Inurritegui, dijo que las cuotas se pueden dividir entre lo capturado en alta mar y en la Zona Económica Exclusiva, pero hay países como Perú que la interpretan como que la cuota rige sólo en aguas internacionales.
"Las medidas interinas de la Orgpps establecen que es derecho de los estados costeros de decidir si la pesca en la ZEE se aplica o no a los efectos del convenio. Como Perú es soberano, ha ejercido el derecho de no aplicarla", insistió.

Por ello, anotó que incluso el año pasado, en altamar, Perú ha capturado menos que la cuota que le correspondía.
Entre tanto, Roberto Izquierdo, Presidente Sociedad Nacional de Pesca, consideró que bajo jurisdicción nacional, los recursos migratorios como el jurel y el pez espada están sujetos a estrictas medidas de conservación. En alta mar, en cambio, se pescan sin restricción alguna.

Es fundamental, continuó, que pueda entrar en vigor el Acuerdo Regional de Galápagos, para la alta mar del Pacífico Sudeste, originado en la Comisión Permanente del Pacífico Sur o CPPS y del que son partes Chile, Perú, Ecuador y Colombia.

FALTA COLOMBIA. Para que ello suceda, dijo el especialista, sólo falta que Colombia ratifique o firme el Protocolo que permite poner en vigencia el acuerdo con las tres ratificaciones de los demás países ya producidas.

Este acuerdo permitirá, con la participación de pesqueros de altura con interés establecido, poner en vigor medidas apropiadas para alta mar.

Incluso sugirió que con la visita a Chile del Presidente de Colombia ese país pueda honrar los compromisos que ha asumido en la CPPS, entre ellos la firma que estampó en Galápagos en el año 2000.

"No parece razonable ni condicente con la amistad que nos une, que Colombia pueda detener o hacer imposible el instrumento regional del que es parte, afectando además seriamente el interés de sus socios", agregó Izquierdo.

También alertó que los stocks son los mismos, dentro y fuera de las 200 millas, pero si es sobrepescado en alta mar, sin medidas de conservación ni limitación de esfuerzo, como existen para nuestros barcos, puede ponerse en peligro simultáneamente su sustentabilidad y la totalidad de la pesca en Chile.

"Este tema requiere una altísima prioridad para nuestra diplomacia, pues está comprometido un interés nacional vital. Baste recordar que la pesca es responsable del 12% de nuestras exportaciones y de a lo menos cien mil puestos de trabajo", finalizó.