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Una canita más al aire. Aunque no fue muy sonada la sentencia que tuvo Jorge Acurio Tito cuando se encontraba como alcalde del distrito de San Sebastián por los delitos cometidos por abuso de autoridad y desobediencia, sí da mucho qué desear la forma arbitraria como se manejó él junto al que fue jefe de Recursos Humanos, por entonces Rolando Castro Chambi, en dicha comuna contra la empleada de esa municipalidad Sayda Álvarez Arriaga.

En el año 2007, cuando entra la nueva gestión al mando de Jorge Acurio Tito, por acuerdo municipal N° 002– 007–MDSS/C y en acto arbitrario, según la acusación fiscal N° 132–2008–MP–1FPPC, se suspendieron las labores administrativas por cuatro días (en el municipio), no permitiendo la entrada de varios trabajadores, entre ellos de la agraviada Sayda Álvarez.

Sin embargo, por los reclamos que se suscitaron en el lugar, funcionarios de San Sebastián prometieron dejarlos pasar desde el día lunes 6 de enero del 2007, pero no se cumplió. Como consecuencia, Álvarez inició un proceso judicial que al final le sirvió para recuperar su puesto de trabajo, claro está no sin antes luchar por sus derechos.

HISTORIA. Según las investigaciones que se realizaron dentro del proceso judicial, se tiene por las boletas de pago recabadas de la víctima (Álvarez) que ésta laboró en la municipalidad de San Sebastián desde el 2003 al 2006 desempeñándose como auxiliar del Sistema Administrativo de dicha comuna, labores que cesaron junto a otros trabajadores por el acuerdo municipal antes mencionado; hecho por el cual la agraviada solicitó al municipio su reposición el 9 de enero del 2007, pero su pedido no tuvo respuesta, por lo que acudió a las instancias judiciales. Luego, fue admitida el 23 de febrero del 2007 y notificada la municipalidad en marzo del 2007, en la cual la motivaban para que pusiera una medida cautelar a fin de ser repuesta en su centro de trabajo y así fue.

La institución, en cumplimiento del mandato de la Sala Civil, procedió a levantar el acta donde específicamente señalaban que Sayda Álvarez sería restituida en su mismo puesto de trabajo con los mismos beneficios laborales y con la misma remuneración económica; pero a pesar de ser una orden judicial, nuevamente la trabajadora fue retirada del puesto de trabajo mediante memorándum 0110URRHHMDSS–2007, con conocimiento de Rolando Castro, en ese entonces jefe del Área de Recursos Humanos.

Nuevamente el juzgado tuvo que reponerla en su cargo, sin embargo ordenaron el cambio de Álvarez al puesto de auxiliar de Limpieza Pública sin beneficios laborales y de cuarta categoría.

Por lo mencionado, Jorge Acurio y Rolando Castro fueron sentenciados a pagar 2 mil quinientos nuevos soles por reparación civil a los agraviados, es decir, mil 850 nuevos soles para Sayda Álvarez y 650 para el Juzgado.