Una de las cosas claras que deja la huelga de docentes es que fue un tremendo error dar a los gobiernos regionales, como parte de un cuestionado proceso de descentralización, el manejo de la educación pública en sus respectivas jurisdicciones, por lo que es de esperarse que a la brevedad posible el Poder Ejecutivo y el Congreso trabajen para que vuelva a ser el Ministerio de Educación el que se encargue de llevar las riendas.

La educación pública es un asunto muy serio como para que esté en manos de administraciones regionales, que en muchos casos están a cargo de personajes dudosos. Fui director de Correo en el norte del país y recuerdo casos como el de César Álvarez, preso por integrar una red criminal, según la Fiscalía. Habría que preguntarse qué de bueno pudo aportar este caballero, con una administración abiertamente corrupta, a la formación de los niños y jóvenes de Áncash.

Otro caso escandaloso era el de Tumbes, que estuvo en manos del exrecluso por el delito de terrorismo Gerardo Viñas, hoy en la cárcel por corrupción. Durante su administración, puso la Dirección Regional de Educación en manos de un personaje vinculado a Sendero Luminoso, quien en buena cuenta era el responsable de la formación de los menores tumbesinos, al tiempo que se usaban recursos públicos para regalar cuadernos con la cara del gobernador regional. Indignante.

Hoy nos damos cuenta de que los gobiernos regionales contratan a excarcelados por terrorismo, pagan a docentes huelguistas que no trabajan, se sientan a dialogar con facciones del Sutep no reconocidas, usan mal los recursos públicos para levantar colegios y aulas a través de consorcios dudosos y se manejan según su agenda política, en muchos casos de espaldas a lo que necesita el país y, sobre todo, sin tener en cuenta lo que es bueno para los alumnos más pobres del país.

La descentralización puede haber tenido buenas intenciones, pero en el sector Educación ha fracasado. El ministerio, y no los gobiernos regionales, algunos a cargo de personajes para el olvido, debe ser el único brazo del Estado responsable de su manejo. Si no se toma esta medida urgente, el presidente Pedro Pablo Kuczynski tendrá grandes dificultades para darles una escuela pública de calidad a los peruanos, tal como lo prometió al asumir el mando en 2016.