La reforma electoral que ha propuesto el Gobierno Central tiene aspectos positivos y negativos, pero me quiero referir a un punto en el debate: ¿queremos más transparencia de los candidatos o dejamos que la ley proteja su derecho a la reserva financiera? Dadas las reglas de juego, me inclino por lo primero.

Vamos a ver. Si quieres ser autoridad, bien, deja que la gente vea qué tienes ahora y qué conseguiste después. La propuesta del Ejecutivo es que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podrá acceder al secreto bancario de cualquier candidato, incluso dos años después de haber accedido a un puesto.

Creo que el Pleno del Congreso de la República debe aprobar esta propuesta -con el resto puede haber modificaciones- porque solo así los electores sabremos cuánto pesan los bolsillos de los candidatos y si salen con más o con lo mismo. Eso es transparencia, un requisito para devolverle la confianza a la población.

De esta manera también evitamos que muchos aprovechados ingresen a la política para enriquecerse, como nos ha constado con algunos personajes que ahora están presos y con quienes van camino a una celda por meter la mano al erario nacional.

Algunos creen que levantar el secreto bancario, la reserva tributaria y bursátil restringe la privacidad de las personas. Están en lo cierto. Para el ciudadano es su derecho proteger este tipo de información. Sin embargo, podemos hacer una diferencia para aquellos que quieran acceder a un puesto por mandato popular. Nadie obliga a postular.

La hoja de vida que ahora presentan los candidatos al Jurado Nacional de Elecciones es un chancay de veinte céntimos. Solo sirve para engañar al estómago. Muchos de los postulantes a alcaldes, regidores, gobernadores, consejeros, congresistas y hasta presidentes de la República mienten descaradamente o, en peor aún, ocultan información. Ya es hora de desnudar candidatos.

Ojalá nomás que los congresistas den el visto bueno y en las próximas elecciones de 2018 podamos escrudiñar de la mejor manera a los aspirantes a autoridades regionales y municipales.