El exalcalde de Chiclayo Roberto Torres lleva más de dos años y medio tras las rejas por una prisión preventiva que en julio caducará. A esta exautoridad se le imputa la participación de una organización criminal, pero hasta ahora el Ministerio Público no acusa.

El problema no sé si sea que los fiscales del caso tienen más trabajo en la mesa o si es una estrategia legal para alargar la prisión preventiva -como con César Álvarez, expresidente regional de Áncash, quien va a pasar 4 años bajo este régimen-.

Sin embargo, no es una buena señal para los chiclayanos que estos años no hayan servido para lograr una sólida propuesta de alargamiento de la prisión preventiva, al menos que algunos jueces también estén moviendo sus fichas o la otra parte tenga un abogado excepcional (creo que han pasado cuatro por ahí).

Se ha denegado en una primera instancia alargar la prisión preventiva para Roberto Torres. Y si bien eso no lo declara inocente, sino solo que afronte un proceso en libertad, no es una buena señal para la justicia en Chiclayo.

Soy un creyente en la presunción de inocencia, que nadie debe ir preso si no hay pruebas suficientes para acusarlo.

No obstante, este proceso es extraño, incluso contra quienes se ofrecieron como colaboradores eficaces, a los que tampoco los quieren liberar a pesar de su valioso aporte en esta acusación.

Ojalá nomás no haya alguna mano negra que quiera pagar favores judiciales con alguna liberación consentida; menos que la población perciba que en Chiclayo la justicia es para quien no tiene dinero.

Vamos a ver el desenlace de este proceso, que debe ser justo no solo para el acusado, sino, además, para los afectados, nosotros como Estado.