​Ajustando medidas contra la corrupción

La guerra contra la corrupción pública aún no da los resultados esperados, pero hay que persistir en aplicar las diferentes leyes existentes y aquellas que faltan. Las sanciones que se aplican a los servidores estatales implicados en corrupción resultan benignas y siguen al frente de su trabajo como si nada.

Claro ejemplo es lo que ocurre con aquellos malos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes pese a ser hallados responsables en ilícitos y expulsados de la institución, son repuestos por un fallo judicial.

Similar situación pasa con aquellos malos empleados públicos, quienes incurren en faltas y cuyos casos se judicializan y retornan, como si nada, a su puesto de trabajo para recibir un sueldo del Estado.

Por estos obstáculos existentes en la administración pública no se podía luchar contra la corrupción, tan enquistada en los diferentes niveles públicos. Sumando a ello, tenemos la infinidad de procesos administrativos que se inician a estatales y que casi siempre prescriben de manera intencionada por cierta complicidad de quienes deben de aplicar las sanciones.

La ley de la muerte civil, que se promulgó en octubre pasado, ha sido ampliada para que se pueda despedir a los servidores públicos que tengan sentencia por corrupción.

Esta medida es importante y es parte de los 14 decretos aprobados el jueves último por el Consejo de Ministros en el marco de las facultades delegadas y esperemos que ayude a luchar realmente contra esa lacra de nuestra sociedad llamada: corrupción.