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He aquí algunas preguntas alcahuetas para la masiva cucufatería celestial, tras el alboroto causado por el dictamen del Primer Juzgado Constitucional de Lima para que el Ministerio de Salud distribuya de forma gratuita el anticonceptivo oral de emergencia (AOE), conocido penitenciariamente bajo el alias de “la pastilla del día siguiente”.

¿El Estado debe negarse a entregar el anticonceptivo oral de emergencia? Si respondiera afirmativo, prosiga con la siguiente pregunta: ¿El Estado tampoco debe permitir la venta de dicha pastilla? Si vuelve a asentir la cabeza, precise: ¿Si abusan sexualmente de su hija, le daría una de estas pastillas? Si resuelve esta inquietud como las anteriores, ¿la adquiere en una farmacia o espera que en un hospital se la regalen?

El control de la natalidad es cuestión de Estado, tan igual como se busca acabar con la mortalidad infantil, pre y postparto. Entonces, considero que mediante el Ministerio de Salud debería concederse -en especial a quienes no tienen recursos económicos- el uso de esta alternativa científica para no concebir. Disculpen, pero aquí nada tiene que ver la religión.

Veamos. Tengo entendido que, en las boticas y las farmacias, “la pastilla del día siguiente” es una de las más vendidas y rentables. Algunos de sus propietarios van a misa cada domingo y separan muy bien sus intereses empresariales con los morales, así como los preservativos de otros métodos anticonceptivos. Y también están aquellos que deben rezar para que no regalen nada de esto.

No debemos permitir que el control de los embarazos no deseados se lo dejemos al bolsillo, sino que sea una alternativa tan práctica como el profiláctico o los óvulos entregados en cada centro de salud que hay en el país. ¿Por qué negarle a un integrante de los estratos económicos bajos la posibilidad de controlarse? Eso no es equidad.

Quienes están contra la distribución del AOE afirman que dicho método no ha reducido las tasas de abortos ni de embarazos no deseados. ¿Y el Estado lo ha logrado?