No deja de tener razón el ministro de Agricultura, José Hernández, al responsabilizar, en parte, a los gobernantes locales y regionales por no hacer cumplir la ley y retirar a los pobladores que viven en zonas de riesgo. Hoy son los principales damnificados de los desbordes que golpean al país producto de las fuertes lluvias registradas en varias zonas.

Los peruanos han visto en las últimas horas -casi en directo- por diferentes medios de comunicación, en especial la televisión, cómo la furia de la naturaleza destruía a su paso vías de comunicación y viviendas levantadas en cauces de quebradas por donde discurrió agua y lodo a consecuencia de las precipitaciones en las partes altas.

Hernández lamentó que a pesar de que la Autoridad Nacional del Agua realizó varios informes sobre este peligro latente de construir viviendas en quebradas, las autoridades municipales y regionales nunca tomaron en cuenta estos documentos.

Es una acusación seria y cierta, pues buen número de alcaldes e incluso gobernadores regionales se coluden con invasores de terrenos para levantar asentamientos humanos en terrenos peligrosos, algunos por un afán de respaldo político y otros al estar inmersos en tales negocios rentables. Incluso las autoridades reconocen a estos asentamientos humanos y los dotan de servicios básicos, pero hoy sus habitantes lo perdieron todo y reclaman asistencia de parte del Gobierno.

Por ello, esta negligencia y omisión funcional debe investigarse y comenzar a sancionarse a quienes resulten responsables de ocupar terrenos peligrosos.