El nueve de mayo se cumplirán tres meses de dictada la primera orden de captura contra el expresidente Alejandro Toledo, por presuntamente haber recibido un soborno de 20 millones de dólares de la empresa Odebrecht, pero hasta el momento el exmandatario, quien ya tiene vigente otro pedido de arresto por el caso Ecoteva, sigue viviendo muy tranquilo en California, Estados Unidos.

Es evidente que Toledo no tiene la menor intención de ponerse a derecho y colaborar con la justicia. Lo que no queda claro es si realmente el Estado peruano, a través de la administración de justicia y el Poder Ejecutivo, están haciendo los esfuerzos suficientes para traer al Perú al exmandatario, a fin de que responda por los cargos que se le imputan.

Hace pocas semanas el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, emplazó al gobierno de Estados Unidos a que apoye al Perú en el caso Toledo. Pero más allá de eso, sería bueno saber, por boca del Ejecutivo, qué es lo que se está haciendo para lograr que el exlíder de Perú Posible deje de seguir burlándose de todo un país que fue engañado al elegirlo en el 2001.

Se debe terminar con la sensación de impunidad que ha rodeado a Toledo por más de cuatro años y sobre todo con la que hoy perciben los peruanos, al ver de lo más tranquilo a un expresidente sobre quien pesan dos órdenes de captura. Habría que preguntarnos si cualquier hijo de vecino, en una situación judicial similar, tendría tanta suerte como para vivir en paz en California.