Era cuestión de tiempo para que el Gobierno Regional de Madre de Dios (MdD) se enfrente al gobierno central y al conjunto de normas que dio entre abril y mayo del 2012. El departamento tiene 110 mil habitantes y el 70% de ellos vive en el campo extrayendo oro, talando madera o recolectando castañas.

En octubre pasado se eligió a quien representaba a los mineros informales, Luis Otsuka (reemplazante del congresista Amado “come oro” Romero), quien desde siempre estuvo en contra de las normas del gobierno central.

MdD produce el 10% del oro que produce el país. Desde que se dieron las normas de control de combustible, proceso de formalización y comercialización; lo único que se ha logrado es que crezcan los mercados negros de insumos y el contrabando del producto final hacia Bolivia. Se ha descubierto operaciones cuyos dueños eran alcaldes, fiscales o policías.

El mismo gobierno ha puesto una trampa en el proceso de formalización, según Meraldo Umiña, productor de Delta 1: piden requisitos para los cuales no hay institución creada por el gobierno central. Por lo tanto, nadie puede firmar la autorización y no se puede cumplir con toda la documentación requerida.

Es comprensible que los defensores del medio ambiente quisieran desaparecer a los mineros informales y a los taladores, pero el oro y la madera están ahí y es información pública. Alrededor de la mitad de la población de MdD se dedica al oro y seguirán llegando. El problema ya se desbordó en Ucayali y pronto en Loreto. En vez de prohibir y perseguir, el gobierno y las ONG deberían organizar y enseñar a explotar el recurso y luego remediar el área. Lo otro deja depredación y mercados negros.