Es muy grave la denuncia hecha por el contralor Edgar Alarcón en el sentido de que él y su familia han sido amenazados de muerte a pocas horas de que la institución a su cargo emita un informe sobre si hay o no irregularidades en la adenda del proyecto de construcción del aeropuerto de Chinchero, el cual podría traerse abajo no solo una millonaria inversión, sino también -a través de la censura- al ministro de Transportes y primer vicepresidente del Perú, Martín Vizcarra.

La denuncia ya se encuentra en manos de la Policía Nacional, según ha informado el Ministerio del Interior, y es de esperarse que en pocas horas tengamos a los responsables de esta acción de amedrentamiento que ojalá no quede impune como el seguimiento que se hizo a un exministro de Defensa de este gobierno y a funcionarios de ese sector, ya que hasta el momento nadie es capaz de decir quién anda haciendo trabajos sucios e ilegales con fines políticos.

El más interesado en esclarecer este hecho debe ser el Gobierno, pues es grave que se esté amenazando a la cabeza de una institución que en pocas horas emitirá un informe que podría traer una seria crisis política al régimen, que se la ha jugado por la famosa adenda. Y es que si estamos ante algo real y no una payasada de alguien a quien igual hay que identificar y sancionar, por qué no pensar que esto viene de malos elementos del Poder Ejecutivo o de la empresa involucrada.

Ha hecho bien la Contraloría en emitir ayer un comunicado dejando en claro que pese a la amenaza “con ocasión del informe sobre el aeropuerto de Chinchero”, seguirá haciendo su trabajo, que consiste en emitir hoy su informe, del que dependen muchas cosas. La matonería no debería hacer retroceder a nadie, pero sí motivar el inmediato accionar de la Policía, a fin de dar con los responsables, que deben ser llevados a la justicia.

Cuidado con dejar en la sombra esta amenaza contra el contralor Alarcón, como sucedió con los “reglajes” antes mencionados, pues eso podría dar pie a que comience en nuestro país el imperio de la extorsión, la amenaza, el anónimo debajo de la puerta y la chaveta para hacer política o a fin de que salgan bien los negocios con el Estado. Si en este accionar mafioso también hay impunidad, se estaría sembrando un pésimo precedente.