APP: la hora de rendir cuentas

El arresto preventivo del expresidente de Ositran Juan Carlos Zevallos, por recibir supuestos sobornos de Odebrecht, podría marcar el inicio de una profunda investigación que podría llegar a otros exfuncionarios y asesores legales y financieros que impulsaron, patrocinaron y/o respaldaron los modelos concesionales de los ejes IIRSA -norte y sur- que facilitaron la corrupción que hoy se devela.

Estos modelos terminaron por reducir casi a cero los riesgos de los inversionistas, al asegurárseles retornos sobre la construcción mediante pagos futuros comprometidos por el Estado peruano a toda eventualidad. En otras palabras, configuraron contratos de obra pública tradicional encubiertos, solo que con un financiamiento muy caro que correspondía al retorno exigido por los concesionarios. De hecho, si el Estado peruano se financiaba para hacer directamente esas obras, podría haber obtenido financiamiento muchísimo más barato en cualquier multilateral. El resultado es que esas grandes obras que supuestamente iban a ser desarrolladas con capital de riesgo privado, terminaron representando compromisos a 20 o 30 años de más gasto público.

Lo curioso es que hoy, muchos de los funcionarios que impulsaron ese modelo son altos directivos de empresas concesionarias que licitan en el Perú y en América Latina, o fungen de consultores internacionales exportando dicho modelo a otros países que empiezan a dar sus primeros pasos en el mundo de las Asociaciones Público-Privadas (APP). Con lo cual, solo multiplican su nefasto impacto en otras latitudes. Pero claro, cómo evitarlo si en el Perú todos esos proyectos patrocinados por esos funcionarios siguen andando como si nada a pesar de la evidencia de corrupción de origen que los envuelve, con la bendición del propio Estado. No es de sorprender que en el extranjero sigan pareciendo gurús. Pero es la hora de rendir cuentas.