El escándalo Odebrecht y el consiguiente deterioro de la imagen del sistema peruano de Asociaciones Público-Privadas (APP) parece que no dejaron ninguna lección. Esta semana salió una nueva modificación de la Ley APP a través del D.S. 068-2017-EF, por la que se relaja el control del MEF sobre ProInversión, con lo cual, tiene luz verde para dar pase a prácticamente cualquier concesión sin mayor filtro. Ya desde el cambio a la ley, impulsada por el gobierno de Humala, se relajó el proceso de otorgamiento de concesiones cuando se eliminó el requisito del estudio de valor por dinero, análisis que permite establecer si un proyecto público debe hacerse por la vía tradicional estatal o por una APP. Con ello, no solo se relativizó al máximo el estudio de costo-beneficio - al eliminar el SNIP - sino que se incentiva a que ProInversión saque concesiones a como dé lugar.

Es así que, bajo el pretexto de “destrabar” inversiones, se promueven las APP sacadas al vuelo, sin mayor análisis ni estudios. Igual se hizo con los IIRSA hoy cuestionados. Por entonces, también se decía que había que “sacarlos como sea”, que eran totalmente de acuerdo a ley y se obviaron estudios de evaluación socioeconómica. Hoy, todo control se limita prácticamente a revisar unos pocos lineamientos de elegibilidad por un puñado de “expertos” y ya mismo, a estructurar, licitar y adjudicar sobre la marcha.

Por último, no deja de ser curioso que quienes declaran públicamente que es preciso tener más cuidado en firmar adendas, como la de Chinchero, sean entusiastas de la eliminación de estudios importantes como el de valor por dinero y otros filtros que ayudarían a mejorar el control de calidad de las concesiones. Porque nada hay peor para promover sostenidamente la inversión privada, que lanzar concesiones condenadas al fracaso. ¿O será que no aprendemos la lección?