Atención al paro en Loreto

El llamado Frente Patriótico de Loreto ha convocado desde mañana a un paro de 48 horas en dicha región para exigir que el Lote 192 sea adjudicado a Petroperú, a fin de que se encargue de su explotación pese a que la compañía estatal no está en condiciones técnicas de asumir el encargo. Para ello, no ha dudado en amenazar con movilizar a nativos con el fin de que tomen los pozos y cierren las válvulas de la operación, que hasta la semana pasada estuvo en manos de Pluspetrol.

Bueno pues, sería bueno que frente a los actos de violencia que podrían darse ante la irrupción de gente en una instalación petrolera, asuman sus responsabilidades políticas y penales no solo los del Frente Patriótico, sino también los congresistas que desde Lima apoyan la medida y el gobernador regional de Loreto, Fernando Meléndez. Si son capaces de subirse al carro de los reclamos para ganarse alguito, ojalá sean capaces también de asumir el pasivo de sus determinaciones.

He sido enviado en el pasado a Iquitos, como reportero, a cubrir paros organizados por el Frente Patriótico de Loreto y he visto personalmente los niveles de violencia a los que se puede llegar en las calles. Esta vez la cosa podría ser más complicada, si tenemos la amenaza de la toma de pozos en medio de una protesta que cuenta con el respaldo de legisladores que, evidentemente, buscan ganarse el apoyo de los ciudadanos en tiempos previos a una campaña electoral.

En el pasado hemos tenido “Baguazos” y “Moqueguazos” que contaron con el apoyo de congresistas nacionalistas -muchos de los cuales exigen hoy que el Lote 192 sea explotado por Petroperú- que cuando la sangre llegó al río, se fueron silbando y mirando para arriba con las manos en los bolsillos. Esta vez, ojalá, sean valientes y sepan asumir las consecuencias negativas de dar su apoyo a una medida que el Poder Ejecutivo afirma que es inviable por razones técnicas.

Que después no vengan los del Frente Patriótico, el gobernador Meléndez o sus congresistas aliados, como Víctor Isla, con el cuentazo de que el caos o hasta las muertes que puedan darse los generaron los “infiltrados” o que todo se debió a una mala acción de la Policía Nacional mandada por el Estado para “criminalizar la protesta”. Si el reclamo se desborda y llega a mayores, que los reales responsables paguen las consecuencias políticas y sobre todo penales de sus actos.