Así como el crecimiento económico que se dio en algunas zonas del país como la costa norte y la región Ica -en gran parte gracias a la agroexportación- generó la proliferación de extorsionadores, asaltantes y “marcas”, esos delincuentes de poca monta a los que todos los días exigimos a las autoridades erradicar, lo mismo sucedió en otro “nivel”, en ese donde se mueven los hampones de cuello y corbata, que hoy deben vivir aterrados.

Una vez que el país creció con el esfuerzo de todos, hubo recursos y se necesitó infraestructura para seguir avanzando, aparecieron las empresas constructoras, muchas de ellas brasileñas, dispuestas a “satisfacer” a corruptos que, al igual que los extorsionadores y “marcas”, también querían sacar provecho del crecimiento económico que nos convirtió casi en la envidia de la región, pues mientras la mayoría de países retrocedía, acá se avanzaba.

Hoy que el país se ve remecido por un escándalo de corrupción al más alto nivel, la prioridad del Estado en todos sus estamentos debe ser ya no solo poner tras las rejas a los delincuentes “tradicionales” que le han hecho la vida imposible a millones de peruanos desde hace más de diez años, sino también a los otros, a los coimeros que por estos días deben estar buscando agencia de viajes o viendo qué inventan para justificar sus abultadas cuentas bancarias.

Quizá la única forma que exista de reparar el daño moral que se ha hecho al país con estos actos de corrupción que vamos conociendo sea ver que se hace justicia y que todos los responsables, aunque hayan sido presidentes o ministros, respondan ante el Poder Judicial por sus delitos y por haber lucrado con la esperanza de los peruanos de vivir en un país con mejores condiciones de vida.

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