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Manuel Burga está preso en Piedras Gordas desde 2015 esperando la extradición a Estados Unidos por “delincuencia organizada en el grado de conspiración”, delito que no existe en el Perú. Para la extradición se requiere siempre que la imputación sea delito en ambos países.

La denuncia surge porque la Conmebol vendió los derechos de transmisión de Copa América hasta 2011 a TyC/Traffic por $19 millones y luego resolvió este contrato porque Fullplay ofreció $75 millones por la Copa 2015 y Centenario 2016.

TyC/Traffic demandan a la Conmebol y a las federaciones, transando extrajudicialmente y todas forman Datisa, ganando los derechos de transmisión por 4 torneos durante 12 años por $320 millones.

Datisa paga a la Conmebol y esta a la Federación Peruana de Fútbol mediante transferencias bancarias.

El gerente de Datisa denunció el pago de sobornos a los presidentes de las federaciones presentando pruebas contra todos, menos contra Burga ni Bauzá, de Uruguay.

A Burga lo ha investigado nuestra Fiscalía diez años y el Congreso tres, por desbalance patrimonial y lavado de activos, archivándose todo.

Odiar a Burga por ser un mal presidente para nuestra federación no amerita tenerlo preso ni extraditarlo sin resolver su hábeas corpus en marcha.

Si lo extraditan, Burga seguirá preso hasta noviembre de 2017, cuando se inicia el proceso sin poder pagar fianza.

El Ejecutivo debe aplicar la ley teniendo pues que la resolución de la Corte Suprema no es vinculante. Ello ha sucedido en Uruguay, donde Bauzá nunca fue imputado.

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