Cambio en el JNE

Por los próximos cuatro años, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estará en manos del vocal supremo Víctor Ticona, a quien sin duda le espera una ardua labor a fin de evitar que en los próximos comicios tengamos situaciones dramáticas y hasta absurdas como las vividas en el proceso electoral último, en que, por ejemplo, faltando pocas semanas para ir a votar, no sabíamos si quien hacía mítines y pedía respaldo en las urnas estaba realmente hábil para postular.

Sí, me refiero al caso de César Acuña, quien hacía campaña por calles y plazas mientras no se resolvía la denuncia en su contra por entregar dinero; y a la situación de Julio Guzmán, quien recorrió el país pidiendo el voto de los peruanos pese a que recién al final de la campaña se determinó que cometió graves omisiones, muchos meses antes, al momento de la aprobación de los estatutos de su agrupación.

Situaciones como estas no pueden volver a darse en el Perú, donde por cualquier cosa, grande o pequeña, suelen aparecer personajes exigiendo la anulación de las elecciones y acusando de “ilegítimas” a las autoridades que resulten elegidas en estos procesos. ¿Recuerdan a Guzmán echando sombras al proceso del que fue expulsado? Claro, ahora ya nadie se acuerda de eso ni del “moradito”, pero su actitud, de haber tenido respaldo, pudo causarle mucho daño al Perú.

Sea por demoras en el Congreso anterior para aprobar cambios en la ley electoral o por lo reducido de los plazos dispuestos anteriormente para la inscripción de los candidatos y demás fases previas a la elección, lo cierto es que la gestión de Ticona, desde su inicio, tiene que velar para que nunca más exista un ápice de duda sobre la legitimidad de un presidente o cualquier autoridad, pues en países como el nuestro eso genera inestabilidad.

Ojalá no esperemos las semanas previas a una elección para comenzar a poner en agenda los cambios que hacen falta, a fin de evitar situaciones casi absurdas como las del verano último. El flamante titular del JNE, como máxima autoridad electoral, debe de trabajar con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Congreso. El objetivo es que nunca más se cubra de dudas la legitimidad de quienes nos gobiernan.