Carretera bloqueada

Puede ser que el malestar y el reclamo de los vecinos de Puente Piedra por el alza del peaje y la instalación de nuevos puntos de cobro sean justos, sobre todo si ocurre en momentos en que salen a la luz los sobornos para ganar licitaciones hechos por Odebrecht -hasta hace poco titular de la concesionaria Rutas de Lima-, que por contrato suscrito con la Municipalidad de Lima en 2013 recauda y administra los recursos que todos pagamos al recorrer las vías que tiene bajo su gestión.

Sin embargo, lo visto ayer en la Panamericana Norte, en que grupos de vándalos bloquearon la vía, incendiaron garitas, atacaron con piedras a la Policía Nacional, quemaron llantas, destrozaron autos particulares y alteraron el orden público a su libre antojo, escapa a cualquier reclamo razonable para entrar ya en el terreno del delito penal puro y duro que se sanciona con pena efectiva de cárcel, lo cual se debe de aplicar de inmediato si es que creemos que estamos un país civilizado.

Lamentablemente, lo del peaje de Puente Piedra es un caso más en que quienes no están de acuerdo de algo en el Perú, toman una carretera y listo. Y es que como muy pocas veces se ha sancionado a los autores del bloqueo de una vía y de la agresión a la Policía Nacional, la gente cree que acá se puede hacer lo que se le venga en gana. El principio de autoridad y de respeto a la legalidad nuevamente es dejado por los suelos.

Y ojo que acá no se trata de eso que la izquierda llama “criminalizar la protesta”, sino simplemente de aplicar la ley que está vigente desde hace muchos años, de la misma forma como sucede en otros países, en que a nadie se le ocurre bloquear una pista y menos lanzarle una piedra o meterle un palazo a un policía. Más bien, llama la atención que la autoridad del Estado haya demorado tantas horas en restablecer el orden en la zona tomada por los vándalos.

Por más descontento que haya por delante, existen los mecanismos para atender estos asuntos y llegar a acuerdos sin violencia. Quizá la Defensoría del Pueblo podría intervenir. De otro lado, acá nadie puede mirar para arriba e irse silbando como si nada, pues quedan muchas cosas por explicar a los ciudadanos. A propósito, ¿Susana Villarán, en cuya gestión se firmó el contrato, no dice nada al respecto?, ¿sus otrora escuderos también callados?