La magnitud de la corrupción destapada en nuestro país por la aceptación de la constructora Odebrecht de haber pagado sobornos a funcionarios de tres gobiernos nacionales y a un número no determinado de representantes de administraciones locales implica un gran reto no solo para nuestro sistema judicial, el Poder Ejecutivo y el Congreso, sino para la sociedad en general.

Tengamos en cuenta que este asunto tiene para varios años por delante, en que sin duda veremos desfilar ante la justicia a funcionarios públicos, políticos, empresarios, periodistas y hasta los llamados “líderes de opinión” de diferentes tendencias y “trincheras”, pues todo hace pensar que la empresa brasileña actuaba a manos llenas para ganar licitaciones y obtener millonarios ingresos.

Hace 16 años el Perú fue remecido una vez que salió a la luz el alto nivel de corrupción generado por Vladimiro Montesinos y todos aquellos que se dejaron sobornar. El país quedó dañado moralmente. Sin embargo, en ese caso, como en el actual, lo mejor es llegar hasta el final, conocer toda la verdad, investigar y aplicar sanciones a todos los que las merezcan, sin excepción.

Los poderes del Estado y la sociedad en general tienen un gran reto por delante. Llegar hasta el fondo será la única manera de tratar de que el ciudadano de a pie no sienta que vive en el país de la impunidad, donde el delincuente de saco y corbata, el hampón de terno y el vivazo de la camioneta 4x4 obtenida con plata sucia pueden hacer lo que les da la gana. El desafío es muy grande para los próximos años.