Chicharrones y anticuchos

Cuando se descubre a través de la revista Correo Semanal que la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) destinó personal y recursos públicos para violar la ley y dedicarse a rastrear las propiedades y negocios del laureado cocinero Gastón Acurio, uno se explica por qué una turba de huaraqueros y tirapiedras fue capaz de poner al país en jaque sin que la Policía haya sido capaz de mantener el principio de autoridad, tal como sucede en todo país civilizado.

Al saber que la DINI estaba detrás de las hamburguesas, los anticuchos y los sancochados de Gastón, porque se le voceaba como eventual candidato presidencial para el 2016, es fácil explicar también por qué el Estado, sin estrategia alguna, envió al sur del país a policías sin armas, sin alimentos, sin alojamiento y sin viáticos para hacer frente a turbas de “antimineros” que los atacaron sin piedad gracias a una envidiable logística.

Lamentable que la DINI no haya sido capaz de conocer en qué andaba la gente de Tierra y Libertad en la etapa previa al estallido de la violencia. Claro, más importante era andar fisgoneando y destapando las ollas de Gastón, siguiendo a Jorge del Castillo y a sus hijos, grabando cómo iba al jardín de infancia el niño de la congresista Natalie Condori y viendo el número de propiedades de empresarios y periodistas que no constituyen ningún peligro para el país.

Pero esta no es la única muestra de lo que le sucede al país cuando la inteligencia se utiliza fuera de la ley. Recordemos que el espionaje de Chile al Perú a través de malos elementos de la Marina de Guerra también se dio mientras la DINI, a cargo de compañeros de promoción del presidente Ollanta Humala, estaba en otras labores que en un principio este gobierno trató de negar, pero que ante el peso de las evidencias se ha tenido que allanar a las investigaciones.

Sin duda, cuando busquemos a los culpables de los muertos y heridos en el conflicto por el proyecto Tía María, así como a los causantes de los perjuicios económicos y a la imagen del país, tendremos que mirar, también, a todos los responsables de la DINI, empezando por el presidente Humala y los sucesivos titulares de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), por haber usado esta institución para fines ilícitos y con evidente carga política.