De nada vale a Bolivia y a Chile hacer eco político de un asunto puramente jurídico como es el juicio que ambos países mantienen en la Corte Internacional de Justicia. El tribunal jamás apreciará los roces políticos que los dos países no se cansan de visibilizar. Hace un mes fueron cerca de una decena de bolivianos, entre trabajadores de aduana y policías, y hace pocos días, dos policías chilenos o carabineros los detenidos en la frontera entre los dos países. 

Si las autoridades gubernamentales creen que los magistrados de la Corte podrían valorar sus medidas pensando en la denominada dignidad nacional, están equivocados. Santiago y La Paz deben ser realistas y asumir que la relación bilateral está esencialmente judicializada. Dos demandas, una boliviana pidiendo a la Corte que Chile se siente en una mesa a negociar una salida soberana para los altiplánicos y otra chilena por la que la cancillería mapocha solicita al tribunal que declare al Silala un río internacional. La actitud de los dos gobiernos es errada y sus actores visibles no están mostrando la inteligencia emocional que sí van a requerir para el momento del fallo. Contribuye a que los roces sean cada vez más sensibles para la relación bilateral el hecho que Bolivia y Chile no mantengan relaciones diplomáticas desde 1962, en que el presidente altiplánico Víctor Paz Estenssoro las rompió por el desvío de las aguas del río Lauca por parte de Chile, las que solo se restablecieron por un breve paréntesis entre 1975 y 1978 tras el recordado “Abrazo de Charaña” entre el presidente chileno Augusto Pinochet y su homólogo boliviano Hugo Banzer, que también fracasó. La Corte jamás va a tomar en cuenta la polarización de la relación bilateral que deliberadamente y con terquedad los dos países promueven. No. La Corte, para cuando deba emitir su fallo, solo valorará las piezas escritas y los alegatos de las partes, nada más, pues las sentencias nunca son políticas, sino -repito- solamente jurídicas.