El presidente Juan Manuel Santos desde el anuncio de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional - ELN, la segunda guerrilla que impactó a la paz en Colombia -después de las FARC-, para lograr la ansiada pacificación total en el país, ha sostenido que para llevarlas adelante debían ser puestas en libertad todas las personas secuestradas por la facción armada, cuya existencia en la nación cafetera data desde los años sesenta. Esta condición se mostró como su inquebrantable política de gobierno y nunca doblegó. El ELN, entonces, sabe que para Santos se trata de una posición pétrea no negociable y por esa misma razón es que acaba de liberar al excongresista Odín Sánchez Montes de Oca, que fuera secuestrado desde abril de 2016 luego de que su detención se canjeara por la libertad de su hermano Patrocinio, exgobernador del Chocó, por estrictas razones de salud, pues había permanecido retenido desde el año 2013.

La sola retención de secuestrados violenta los Convenios de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario de 1949, que precisamente prohíben la retención de aquellos que no participan en los actos de combate. Por tanto de existir rehenes, el grupo armado técnicamente se convierte en grupo terrorista y el Estado jamás podría negociar con terroristas. Nadie lo hubiera aceptado y lo que es más grave, las actuaciones del gobierno hubieran carecido de la legalidad y la legitimidad indispensables para confirmar el proceso. Las FARC lo entendieron muy bien desde el inicio de las conversaciones en La Habana hace ya 5 años y por eso alcanzó la paz que ya conocemos; ahora bien, si el ELN espera un contexto adecuado para llegar a una paz permanente con el Estado colombiano, pues debe tener muy presente que no debe mantener ningún rehén. Ello será la base para negociar el futuro acuerdo.