Hay dos razones por las que una comisión investigadora del Parlamento no llega a buen puerto: componenda con el denunciado o incapacidad de sus miembros para cumplir la tarea. En el caso de la Megacomisión que investigó el segundo gobierno de Alan García, es evidente que se ha dado una mezcla de ambos factores, pues sus conclusiones finales en tres casos clave son algo así como: “Bueno, hasta aquí llegamos. Que ahora investigue la Fiscalía, ¿ya? Y también, por qué no, otras comisiones del Congreso”.

Así, luego de varios millones de soles y miles de horas-hombre invertidas, el resultado es un chiste. En eso derivan los tres casos votados hace menos de 48 horas por el pleno: presunto desbalance patrimonial de colaboradores cercanos de García (que se envía a la Fiscalía con evidencias muy endebles), la venta del aeródromo de Collique (que va a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para mayor análisis), y sobre donaciones o contratos “sospechosos”, lo actuado pasa a la Comisión de Fiscalización para que esta profundice.

Es decir, nada concreto. Y en el Partido Aprista, fiesta para todos porque más allá del ruido de estos tres años y medio, ni un solo hallazgo entraña un peligro efectivo.

No se confunda: no defiendo a García, un político que ya tuvo su oportunidad de gobernar y de quien los electores dirán su última palabra en 2016, pero sí me indigna que con la bandera de la lucha anticorrupción este Congreso -sea por impericia o conveniencia- se convierta en una gran lavandería en seco de tantos casos en los que luego del inicial escándalo, nada pasa. ¿Alguien recuerda qué prueba definitiva generó la comisión López Meneses? ¿Acaso hoy algunos de sus miembros no boicotea la seria tarea que intenta impulsar Marisol Pérez Tello en la comisión Belaunde Lossio?

“¿Quieren impunidad? ¡Formemos una comisión investigadora!”, dirán los más cínicos. Vaya sorpresas que nos aguardan en estos 15 meses que restan.

TAGS RELACIONADOS