Tres años de la Ley Universitaria sin resultados positivos. Se pretende la calidad de la educación superior, pero se descartan a los mejores docentes entre los mayores aún en condiciones de enseñar, a pesar de ser vitales, conocedores, con trayectoria y reconocimiento.

Tenemos un Presidente de la República mayor de 70 años, pero a los docentes universitarios que tienen ya esa edad se les exige dejar su plaza en pro de una supuesta renovación. El art. 84 de la LU los obliga al cese, aunque anuncia también que los mejores podrán quedarse previa evaluación para ser docentes extraordinarios. Letra muerta, porque no hay reglamento para esa evaluación ni presupuesto para el pago de esa docencia extraordinaria. ¿A qué están jugando? A repartir abusos y violaciones de derechos fundamentales del millar de docentes que ya han sido puestos en la calle.

No hay criterios para evaluarlos, tampoco procedimientos, menos aún dinero para pagarles. A los que no tienen jubilación alguna, tal decisión inmediata y arbitraria los deja en la calle sin recursos, pudiendo trabajar. O les baja sus ingresos a cifras irrisorias. El docente cesado sale con 1500 soles de CTS y 600 soles de sueldo. Pierde la categoría de nombrado y se queda sin recursos. Esta es la absurda e inicua forma de agradecer una vida dedicada a enseñar, con la indigencia y el castigo, que además deja a los alumnos sin su aporte experimentado y calificado.

Excelente reforma que solo afecta a la universidad pública para descapitalizarla de sus mejores docentes. Según Lorena Masías, superintendente de Sunedu, este no es un proceso inmediato, depende de cada universidad, pero algunas ya cesaron atrabiliariamente a muchos, sin transición, sin reglamento y sin pago. El mensaje político y moral a los jóvenes estudiantes es demoledor de la confianza y de los principios. Así el Gobierno peruano les imparte su mejor lección.

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