Cuando el presidente de la República Ollanta Humala afirmó en su Mensaje a la Nación que su gobierno inició el camino de la lucha contra la corrupción, no dudó en mencionar el trabajo de las procuradurías -adscritas al Ministerio de Justicia- en las regiones. Pero, lo que no dijo es que fue la sociedad civil y los medios de comunicación los que comenzaron la batalla.

No se puede hablar de guerra contra la corrupción porque sabemos que no hay ninguna autoridad condenada. Peor aún, en Tumbes hasta ahora no capturan al expresidente regional Gerardo Viñas ni a la alcaldesa provincial Marjorie Jiménez, ambos pedidos por la justicia por delitos contra la administración pública.

A las justas libramos batallas contra organizaciones criminales enquistadas en las entidades públicas. El caso Áncash aún sigue en investigación fiscal, mientras avanza el tiempo de prisión preventiva contra el expresidente regional César Álvarez y sus socios. ¿Y cómo comenzó todo? No por el accionar del Estado, sino por el crimen del consejero regional Ezequiel Nolasco por encargo de la mafia.

Es fácil llenarse la boca diciendo que la lucha contra la corrupción arrancó con el mensaje del Mandatario. Aquí había una dejadez del Estado, en la cabeza de Ollanta Humala, quien conocía el tipo de personaje que era César Álvarez y aun así recibió apoyo en su campaña electoral. Hasta el amigo de la “pareja presidencial” Martín Belaunde prestaba sus servicios al acusado de liderar una organización criminal. ¿Eso es comenzar la lucha anticorrupción? No.