Preocupante el informe de la Defensoría del Pueblo sobre el número de conflictos sociales vigentes en el país a agosto último, pues la mayoría de ellos no cuenta con mesas de diálogo u otras herramientas de coordinación que permitan solucionarlos antes de que se desborden.Precisa el reporte que son 167 conflictos y, de este total, 109 permanecen en estado activo y 58 en latente.De estos problemas, es la región Áncash la que tiene la mayor cantidad de conflictos, con 25 casos, seguida de Puno con 15, y Apurímac y Piura con 14 casos cada una, la mayoría referidos a temas socioambientales.¿Qué se hace desde el debilitado Ejecutivo a través de las oficinas que se crearon para encontrar soluciones a cada una de estas situaciones?La respuesta sería que muy poco, y eso debe preocupar de manera inmediata al futuro presidente del Consejo de Ministros, cuya identidad debe conocerse hoy, junto con la del resto de los integrantes del nuevo gabinete.Preocupa que de los 167 conflictos existentes, solo 57 estén en proceso de diálogo y los otros sin intervención alguna que permita plantear alternativas de solución en mesas técnicas.El país está ingresando a un estado de convulsión social y las protestas aumentarán si los representantes del gobierno central, regional o local no monitorean y actúan de manera oportuna para evitar que los conflictos estallen y acaben en violencia.Mucho cuidado con este tema, que solo genera inestabilidad en el país.