De Chávez a Maduro

Venezuela, uno de los países más ricos de Latinoamérica, vive el peor momento de su historia. Dieciséis años de gobierno chavista lo han llevado a la crisis económica, al enfrentamiento político y social, generando así la violación permanente de los derechos humanos.

El 18 de febrero de 2015 se cumplió un año del arresto arbitrario del líder político Leopoldo López, uno de los casos más emblemáticos sobre violación de derechos humanos en el país bolivariano.

Pero la violación de derechos humanos en Venezuela no es un tema reciente y tampoco una característica del gobierno de Maduro; todo lo contrario, es una herencia del fallecido presidente Hugo Chávez.

Durante el gobierno de este las violaciones de derechos humanos se centraron en la acumulación de poder, eliminar las salvaguardas institucionales y la erosión de las garantías de los ciudadanos. La Asamblea Nacional, en su mayoría chavista, se ha dedicado a ampliar los poderes del Ejecutivo Nacional para así limitar la libertad de expresión y castigar a sus críticos.

El caso de la jueza María Lourdes Afiuni es uno de los ejemplos más alarmantes de la falta de independencia judicial en Venezuela. Fue detenida en 2009, en el 2010 la Fiscalía General recién presentó los cargos, posteriormente en 2011 se le concedió arresto domiciliario y finalmente en 2014 se le otorgó libertad condicional. La jueza fue acusada de presunta comisión de abuso de autoridad, favorecimiento para la evasión, corrupción propia y otorgamiento de libertad condicional a un banquero.

El excomisario Iván Simonovis también fue víctima del régimen chavista. Fue detenido en 2004; el juicio se inició en 2006; las pruebas se evaluaron en 2007; en 2008 el excomisario enfermó y en 2009 fue sentenciado a 30 años de cárcel por participar en el asesinato de cuatro manifestantes durante una marcha en el golpe de estado de 2002. Para el 2011 su esposa solicitó la primera medida humanitaria; en 2012 solicitó la segunda; y fue recién en la cuarta solicitud humanitaria, con la mediación del papa Francisco, que el gobierno aceptó otorgarle el beneficio de casa por cárcel en setiembre de 2014.

Han sido 16 años en que el régimen chavista -ahora madurista-castrista- ha utilizado su poder para regular, aumentar el número de medios de comunicación progobierno y reducir la disponibilidad de quienes lo critican. Es por eso que el caso de Leopoldo López vuelve a reflejar la cara de la dictadura del gobierno venezolano. Y está provocando que hoy los venezolanos sean testigos de una clara violación de derechos humanos.

Tras las lamentables muertes de 44 estudiantes en las protestas del 12 de febrero de 2014, funcionarios públicos adeptos al gobierno señalaron a Leopoldo López como responsable de tales hechos. Y es así como comienza la persecución política. Leopoldo López decidió acudir al Ministerio Público para que así se iniciara una investigación y se decidiera cuáles serían los cargos.

Recién el 4 de abril del 2014 el Ministerio Público acusó a López de cuatro delitos: instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir. Leopoldo López no es acusado por delitos contra la seguridad de la Nación, como lo serían traición a la patria o alzamiento público; él está siendo acusado por delitos comunes que consisten en instigar, promover o incitar. En un documento de aproximadamente 200 páginas que se presentó durante el juicio, se tiene el discurso de Leopoldo López como un elemento probatorio central. Por tanto, el proceso penal es básicamente sobre un juicio a las opiniones políticas del líder venezolano.

Conclusión: Leopoldo López es un preso político y con su encarcelamiento se pretende justificar un supuesto golpe de Estado contra Nicolás Maduro. Al mismo tiempo, sirve para desprestigiar las acciones de la oposición y enmarcarlas en una teoría conspirativa. Y es así como el régimen de Maduro desvía la atención de los principales problemas: delincuencia, inflación, escasez, pobreza y violación de los derechos humanos.

Como países hermanos no podemos ser indiferentes ante un gobierno corrupto, inequitativo y excluyente. De esta manera, se creará una conciencia en las sociedades latinoamericanas a seguir defendiendo esos derechos.