Defiendan a los funcionarios públicos

Uno de los problemas más difíciles de resolver para PPK, su incipiente partido y sus colaboradores es la búsqueda de funcionarios eficaces y probos en el manejo del Estado. Es muy difícil convencer a personas calificadas si no les demostramos que estarán protegidas de las falsas acusaciones de corrupción. Esta protección también debe incluir a los funcionarios honrados que trabajan en el gobierno central, en los gobiernos regionales y en los municipios. Estas acciones no deben debilitar la verdadera lucha contra los corruptos estatales y los corruptos del sector privado. La corrupción indigna y no hay político en campaña que no haga de este tema su caballito de batalla. Así, todos los candidatos en la pasada campaña electoral por la Presidencia de la República han fustigado la corrupción, proponiendo enfrentar con decisión y sin ambages el problema. En los últimos años, hemos visto modificarse una serie de leyes para combatir a los corruptos: el plazo de prescripción en los delitos cometidos por funcionarios públicos se duplica; los tipos penales se modifican para abarcar más conductas; las penas por estos delitos aumentan; la concepción del funcionario público para efectos penales se ha flexibilizado al máximo; hasta incluir como cómplices a particulares; los efectivamente condenados por corrupción no tienen derecho a reducción de sus condenas. Asimismo, se le ha otorgado facultades a la Contraloría para ser juez y parte, pudiendo inhabilitar y suspender funcionarios. Todos los políticos en campaña electoral han mostrado poca creatividad repitiendo como un estribillo las medidas antes mencionadas. Este artículo, pretende poner en tela de juicio la efectividad de estas medidas -mejor dicho, de solo estas medidas- para combatir la corrupción y ver las cosas desde el punto de vista del marco de protección existente para el funcionario público. Con el actual marco legal respecto de la corrupción y la falta de idoneidad de los fiscalizadores, el ingreso a la administración pública se convierte en una suerte de “deporte de aventura” para quien asume responsabilidades de Estado. En efecto, los funcionarios en muchos casos están sujetos a arbitrarias determinaciones de responsabilidades por los auditores de la Contraloría, pasando los fiscales con mucha facilidad, de infracciones administrativas a tipificar ilícitos penales. En el Poder Judicial existen decenas de informes de la Contraloría declarados nulos por vulneraciones al debido proceso o inconsistencias de fondo. Si a esto le sumamos un Estado sin una política clara para ejercer la defensa de sus funcionarios, el panorama se vuelve bastante sombrío. Funcionarios públicos presos de la burocracia y el miedo a la sanción le causan un enorme ejercicio económico al país y, paradójicamente, las medidas dictadas para proteger los recursos públicos, por la inacción estatal que de estas deriva y la falta de profesionales competentes que se animen a ingresar a la cosa pública, pueden terminar costando mucho más que los recursos que pretenden proteger. No pretendo para nada arribar a una despenalización de los delitos de funcionarios públicos o a la facultad del Estado de sancionarlos administrativamente, pero si buscamos tener un Estado eficiente, es bueno mirar las dos caras de la moneda y contrarrestar el marco persecutorio a los funcionarios públicos, con un adecuado marco de protección a estos. Lo contrario significa quedar atrapados en lo que denomino la demagogia de la corrupción. La Contraloría de Khoury y ahora Alarcón pretende medir su eficiencia en cuántos sentenciados o presos hay derivados de sus informes de control, lo cual es un completo despropósito. Las medidas para sancionar a los corruptos deben ir acompañadas por la creación de escuelas de funcionarios públicos, capacitación a auditores y mejor selección de los funcionarios que ingresen a la Contraloría y Fiscalía, así como también un marco jurídico que sin dubitaciones privilegie la presunción de inocencia y asuma la defensa legal de los funcionarios públicos que deben tomar decisiones de Estado diariamente. Dedicarse a fustigar la corrupción en etapa electoral, sin preocuparse por las medidas reseñadas y defender a los funcionarios públicos de los entes persecutorios del Estado, cuando corresponda, es solo demagogia. Todo lo anterior no tiene que disminuir sino por lo contrario aumentar la identificación y la sanción a los funcionarios corruptos, pero el nuevo gobierno necesita los instrumentos para mejorar la administración pública. Salvo mejor opinión.