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María Cecilia Villegas

María Cecilia Villegas

​Desconfío, luego existo

La UIF peruana tendrá acceso al secreto bancario con autorización de un juez, ya no ad hoc como se solicitó, sino de un juez de turno

01 de Octubre del 2016 - 08:30 María Cecilia Villegas

El Congreso de la República, después de varias semanas de debate, otorgó las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno del presidente Kuczynski. Entre ellas, facultó al Ejecutivo para legislar el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En un artículo reciente publicado en El Comercio, Ian Vásquez de Cato sostuvo que diversos expertos financieros en los Estados Unidos consideran que “las regulaciones antilavado de activos están mal enfocadas, son altamente ineficientes y amenazan la privacidad de los ciudadanos”. Y es que en lugar de que los Estados logren prevenir actos criminales a través de los cuales se generan los dineros que son posteriormente lavados, se busca obligar al sistema financiero a sospechar de actos que en sí son absolutamente legales, como las transferencias de dinero.

Vásquez cita a Lawrence Lindsey, gobernador de la Reserva Federal de los Estados Unidos, quien mostró como entre 1987 y 1995 en los Estados Unidos, de cada 100,000 investigaciones que se hicieron a ciudadanos de los que se creía estaban realizando actividades irregulares, solo uno era culpable.

La UIF peruana tendrá acceso al secreto bancario con autorización de un juez, ya no ad hoc como se solicitó, sino un juez de turno. En la práctica, lo que podría suceder, de caer esta en manos de un juez corrupto, es que este subirá la tarifa de extorsión al conocer el verdadero patrimonio del investigado, sea este producto de negocios lícitos o no.

Hace unos meses, en plena campaña presidencial, la Fiscalía decidió iniciar una investigación sobre los aportes a los partidos políticos en el 2011. Así, con el fin de comprobar si quienes habían sido registrados por los partidos como donantes, lo eran efectivamente, se convocó a decenas de empresarios peruanos. Al investigador no le bastó con que el empresario aceptara que había hecho la donación. Quería saber no solo la información del donante, sino también la de sus padres, sus cónyuges y sus hijos. Alrededor de 72 preguntas por donante. Y claro, este debía demostrar que tenía la capacidad para realizar la donación. Demás está decir que lo más probable es que los empresarios investigados, quienes legalmente y “on the record” realizaron la donación, probablemente no vuelvan a donarle a ningún partido. Con ello, el excesivo celo de las autoridades está generando un incentivo perverso: si le dono a un partido, será en negro.

Y es que en el Perú, primero desconfío y luego existo. Son nuestras deficientes instituciones quienes generan informalidad.

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