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Desde la celda de Guzmán

​El viernes último, en RPP, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, reveló que la Policía tiene pruebas de que, desde su celda en la Base Naval del Callao, el cabecilla senderista Abimael Guzmán es el que dirige el llamado Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), y que sus integrantes no deben ser considerados “simpatizantes” o “proterroristas”, sino terroristas, a fin de que sean procesados como tales.

24 de Julio del 2017 - 07:30 Iván Slocovich

El viernes último, en RPP, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, reveló que la Policía tiene pruebas de que, desde su celda en la Base Naval del Callao, el cabecilla senderista Abimael Guzmán es el que dirige el llamado Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), y que sus integrantes no deben ser considerados “simpatizantes” o “proterroristas”, sino terroristas, a fin de que sean procesados como tales.

Acá hay dos cosas que destacar. La primera es que tácitamente el ministro Basombrío está admitiendo que se han dado o se están dando fallas en la seguridad del hampón más peligroso y sanguinario de este país, quien supuestamente está recluido en el penal más seguro que tenemos. Entonces cabría preguntarse: ¿cómo así Guzmán puede dirigir a su gente desde su encierro? ¿Por qué no se le controla lo suficiente para que no siga dando sus directivas terroristas? Preocupante.

Este asunto es delicado, y si las cosas son como las señala el ministro, más bien habría que hacer más estricto el régimen carcelario para impedir que el carnicero Guzmán deje de estar dando directivas y movilizando a su gente. También habría que señalar a los responsables del relajo. El segundo aspecto mencionado por el titular del Interior sí es positivo, pues indica que al fin el Estado se está dejando de timideces para considerar a los miembros del Movadef como terroristas.

Entonces, si esta gente es considerada así por la Policía en función de las pruebas que dice tener, ¿qué espera el Ministerio Público y el Poder Judicial para ordenar su detención por el gravísimo delito de terrorismo y ya no de apología, que siempre es pasado por agua tibia? ¿Estamos como a inicios de los años 80, en que en medio de discusiones “jurídicas” y abogadiles se dejó actuar a esta gente hasta que su accionar se desbordó?

Y mientras todo esto sucede, los peruanos tenemos que seguir esperando que el Poder Judicial, la Fiscalía, la Municipalidad de Comas y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se pongan de acuerdo para demoler el mausoleo. ¿Esos señores estarán discutiendo, como hace 37 años, si los que ahí están enterrados y sus familiares son “abigeos” o “revolucionarios”, “guerrilleros” o “terroristas”? Parece que no terminamos de aprender la lección dejada por 30 mil muertos.

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