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Habitualmente a las personas con discapacidad se les llama “discapacitados”. Incluso lo hacen connotados profesionales, líderes sociales y comunicadores. Esta expresión puede interpretarse en el sentido de que las personas que presentan dificultades permanentes que limitan su actividad estarían “incapacitadas”. Superar la errada conceptualización de minusvalía es un imperativo ético y una necesidad política, cultural y social. Y es que las personas con alguna discapacidad pueden afrontar sus necesidades donde interactúan. Por ello, hay que reconocerlas y tratarlas como diferentes pero también como iguales y otorgarles las mismas oportunidades integrándolas plenamente en una sociedad democrática, sin barreras y con justicia social. Esto implica reconocer el rol que juega la educación inclusiva en las aulas regulares de los sistemas educativos como base para su inserción a la vida ciudadana, laboral y económica. En el Perú, según el Censo de Hogares INEI 2014, la población de personas con discapacidad en edad escolar se acerca a 142 mil. Asisten cerca de 30 mil, de los cuales 10 mil están enteramente incluidos (Minedu). Al 2021, la meta para el nuevo gobierno debería ser que estén “incluidos plenamente en las aulas regulares” no menos de 100 mil. A propósito, merece destacarse y saludarse el esfuerzo permanente del Consejo Nacional de Educación por colocar este tema como una alta prioridad en la agenda educativa nacional. Está desarrollando hoy y mañana en Arequipa el seminario “Educación Inclusiva de Calidad para las Personas con Discapacidad”, con la participación de especialistas, gestores educativos y docentes.

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